Boric ha insistido en que si se opta por la figura del indulto o la de la amnistía, lo importante es «cerrar heridas» y «que esa prisión injusta y extendida a la que ha estado sometida tanta gente pueda terminar», al tiempo que ha pedido a los senadores de derechas apoyar la tramitación de la iniciativa.

«Se necesita la concurrencia de senadores de derecha y centro-derecha para sacar adelante el proyecto», ha indicado, mostrando su esperanza de que salga adelante «en breves», según ha recogido el diario chileno ‘La Tercera’.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró el martes que un posible indulto a los detenidos en el marco del estallido social «no le hace bien» al país, mientras el Senado debate el proyecto de ley presentado.

Según cifras oficiales de la Gendarmería de Chile, hay 211 personas privadas de libertad por diversas causas relacionadas con el estallido social, de las cuales 67 han sido ya condenadas y 144 están en prisión preventiva a la espera de juicio.

El 18 de octubre de 2019, el pueblo de Chile salió masivamente a las calles para protestar por el alza del precio del transporte público, iniciando movilizaciones que se mantuvieron constantes durante varios meses y que canalizaron el descontento de la sociedad por la apabullante desigualdad.

Las demandas escalaron rápidamente y una de las principales era la redacción de una nueva Constitución, en detrimento de la actual que data de la dictadura de Augusto Pinochet, en la cual se está trabajando tras el mayoritario apoyo mostrado por la sociedad chilena en un plebiscito nacional celebrado en octubre de 2020.

El papel de las fuerzas de seguridad, especialmente de Carabineros, fue ampliamente denunciado tanto fuera como dentro de Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene registradas más de 2.500 denuncias y unas 3.000 víctimas por abusos entre octubre de 2019 y marzo de 2020, entre ellas una treintena de muertos.