Internacional

Presidente de la Cámara Baja niega intento de golpe en respuesta a Rousseff

En su condición de presidente de la Cámara de Diputados, Cunha fue quien aceptó darle inicio a los trámites para el juicio.

BRASILIA. El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, negó hoy que el juicio político que la oposición impulsa contra la presidenta Dilma Rousseff pueda ser considerado un «golpe», en respuesta a la mandataria, que alega que su posible destitución violaría la constitución.

Cunha defendió la constitucionalidad y la legalidad del juicio político con fines destituyentes en un comunicado divulgado por la presidencia de la Cámara Baja pocos minutos después de que la jefe de Estado pronunciara un discurso en la ceremonia de firma del Acuerdo de París sobre el cambio climático, en la sede de la ONU.

El extenso comunicado, divulgado también en inglés, al parecer había sido redactado ante la posibilidad de que Rousseff aprovechase la presencia de numerosos jefes de Estado en el plenario de la ONU para decirse víctima de un intento de golpe de Estado en Brasil.

Rousseff, sin embargo, centró su discurso en el cambio climático y tan sólo reservó unas pocas palabras al final del pronunciamiento para destacar el «grave» momento que atraviesa el país.

«Nuestro pueblo es un pueblo trabajador y con un gran aprecio por la libertad. Sabrá, no tengo dudas, impedir cualquier retroceso», afirmó la mandataria, antes de expresar su agradecimiento «a todos los líderes que han expresado su solidaridad» con ella.

La decisión de Rousseff de pasar por encima del asunto en su discurso en la ONU no impidió que Cunha divulgara la nota en que alega que el juicio político es un instrumento legítimo, previsto por la Constitución y que sigue un rito ya establecido por la Corte Suprema.

El presidente de los Diputados, que enfrenta varios procesos por corrupción, agregó que, además de los argumentos jurídicos, para la apertura del proceso también fueron considerados, entre otros factores, «que el Gobierno no tiene más condiciones de gobernabilidad» y la grave crisis económica del país.

La apertura del juicio político fue aprobada el domingo pasado por el plenario de la Cámara de Diputados y, para su inicio, ahora solo depende de que reciba el apoyo de al menos 41 de los 81 senadores.

La oposición alega que la mandataria incurrió en unas maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

Pese a que los acusadores dicen que tales maniobras constituyen un «crimen de responsabilidad», que la Constitución establece como justificante para su destitución, el Gobierno niega cualquier ilegalidad y alega que, incluso aunque fuesen irregulares, las medidas no amparan el proceso destituyente.

En caso de que el Senado también de vía libre al juicio, Rousseff tendrá que separarse del cargo por 180 días, plazo que tiene la Cámara Alta para juzgarla y en ese período sería sustituida por el vicepresidente, Michel Temer, quien rompió sus relaciones con la mandataria y ha dedicado las últimas semanas a consultas sobre lo que sería su posible Gobierno.

«El informe aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados comprobó los indicios de crimen de responsabilidad en la contratación de créditos sin autorización del Congreso», afirmó el presidente de la Cámara Baja en su comunicado.

En su condición de presidente de la Cámara de Diputados, Cunha fue quien aceptó darle inicio a los trámites para el juicio.

Su papel, sin embargo, ha sido cuestionado debido a que es uno de los principales implicados en el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras y a que rompió con el Gobierno luego de que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) se negara a ayudarlo a superar un proceso interno que enfrenta en el Congreso y que puede costarle el mandato. (EFE/La Nación)