La Comisión Ciudadana de Selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cerró este 15 de mayo el plazo para que los 28 aspirantes al cargo de Fiscal General presenten solicitudes de recalificación dentro de la fase de méritos del concurso.

Entre los pedidos ingresados destaca el de la jueza Inés Maritza Romero, quien obtuvo el segundo mejor puntaje con 46,75 sobre 50. La magistrada entregó un documento de 35 páginas en el que solicita revisar la valoración de certificados internacionales que, según afirmó, no fueron calificados con el mismo criterio aplicado a otros postulantes.

Romero defendió además el punto adicional recibido por acción afirmativa al acreditar residencia en la parroquia rural de Cumbayá, señalando que el reglamento contempla ese beneficio y que otros concursantes también accedieron a puntajes similares por discapacidad, enfermedades catastróficas o residencia en zonas rurales.

El proceso, sin embargo, ha generado cuestionamientos. La abogada Mónica Jaramillo criticó la asignación del punto adicional y sostuvo que el certificado presentado por Romero sería ambiguo, pues hace referencia a residencia y no a domicilio. Además, señaló que las acciones afirmativas deben enfocarse en compensar desigualdades estructurales de sectores históricamente vulnerables.

Otros aspirantes, como el exjuez Walter Macías y el abogado penalista Mauricio Aguirre, también presentaron pedidos de revisión de sus calificaciones.

 

 

 

 

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