Dr Jorge Alberto Norero González/Guayaquil

 

 

El Ecuador atraviesa una de las etapas más complejas de su historia republicana. La inseguridad ha dejado de ser un problema sectorial para convertirse en una amenaza sistémica que erosiona la institucionalidad del Estado, condiciona la vida cotidiana, distorsiona la economía y debilita la confianza social. Grupos criminales, estructuras infiltradas y redes que actúan dentro y fuera del aparato público han puesto en evidencia que el país carece de un marco institucional capaz de enfrentar los desafíos de un Estado moderno sometido a presiones extraordinarias.

La realidad es contundente: un Estado débil, fragmentado y jurídicamente atrapado no puede proteger a su propia población. Tampoco puede planificar políticas sostenibles ni construir un rumbo nacional cuando cada acción estratégica termina bloqueada por intereses, corporaciones políticas, grupos fácticos o una interpretación rígida, inmóvil y a veces anacrónica del orden constitucional vigente.

Por eso este debate trasciende la coyuntura. La pregunta de fondo no es si queremos una nueva Constitución por capricho, sino si el Ecuador puede sobrevivir con la actual estructura, diseñada para un país que ya no existe.

Hay un aspecto fundamental que el debate público ha evitado —por comodidad, cálculo o temor—, pero que debe ser dicho con claridad:
si la Corte Constitucional no se hubiera erigido en una especie de teocracia jurídica, infalible y omnipotente, el presidente Noboa no habría tenido que convocar a un proceso constituyente.

Durante años, la Corte se convirtió en árbitro y, a la vez, en límite absoluto de cualquier intento de transformación. Su lectura restrictiva del cambio institucional bloqueó reformas urgentes y mantuvo al país atrapado en un marco normativo que ya no responde a las amenazas actuales. El inmovilismo —disfrazado de prudencia jurídica— terminó provocando la confrontación abierta entre quienes piden reformas profundas y quienes, desde su pedestal, insisten en preservar un diseño estatal agotado, incapaz de proteger a la sociedad y de enfrentar al crimen organizado con las herramientas necesarias.

La Corte, en su afán de preservarse como poder incuestionable, olvidó un principio básico del constitucionalismo moderno: la Constitución es un instrumento al servicio de la nación, no un candado para impedir su evolución.

Hoy el Ecuador vive un punto de inflexión histórico. La inseguridad, la infiltración criminal, la corrupción, la debilidad administrativa y la incapacidad del Estado para controlar su propio territorio obligan a repensar los cimientos.

Una nueva Constitución no es un ejercicio retórico ni un proyecto académico:
es una respuesta política e institucional a un país que está siendo desbordado.

No es posible enfrentar amenazas del siglo XXI con un Estado del siglo pasado. No es posible esperar resultados distintos con estructuras que ya demostraron su incapacidad. No es viable reconstruir la autoridad del Estado con instituciones que se neutralizan entre sí, sin capacidad operativa, sin claridad de competencias y sin el respaldo normativo para responder con firmeza.

Votar Sí no implica otorgar un cheque en blanco. Significa reconocer que el Ecuador llegó al límite de su modelo estatal. Significa asumir que el país requiere un rediseño profundo de sus instituciones, mecanismos de control, estructura territorial, sistema de seguridad, régimen político y arquitectura de poder.

Significa también recuperar la posibilidad de construir un proyecto nacional sin tutelas excesivas, sin bloqueos artificiosos, sin élites jurídicas que se autoproclaman guardianes de un texto que no han permitido evolucionar.

El Sí es un voto racional, estratégico y consciente. Un voto de responsabilidad histórica. Un voto que reconoce que la estabilidad del país depende de un cambio estructural que no puede seguir aplazándose.

No se trata de poner esperanza ciega en ningún líder, sino de abrir la puerta a la posibilidad misma de un nuevo Estado. Uno que pueda defender a su pueblo, recuperar el control territorial, modernizar su administración, fortalecer la seguridad integral y reconstruir la confianza pública.

El tren del futuro está en marcha. Hay un andén que podría quedarnos demasiado lejos si seguimos atrapados en el pasado.

El Ecuador merece intentarlo. El Ecuador necesita cambiar.

Semper Fi.