Opinión

¿Por qué todos son intocables en el gobierno de AMLO?

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, está contra las cuerdas tras haber realizado fiestas en Downing Street cuando su país estaba bajo un estricto encierro impuesto por su gobierno. Si esa vara se usara en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaría en una situación similar desde el 10 de enero.

Ese día anunció medidas para enfrentar la nueva ola de la pandemia: “Si se vacunaron y enferman de algo que parece COVID, asuman que es COVID(…) si no presentan dificultades respiratorias ni fiebre alta, eviten salir a hacerse una prueba (…) permanezcan en su casa, aíslense y eviten contagiar a otras personas(…) sigan usando cubrebocas y en la medida de lo posible eviten las aglomeraciones”.

Solo unos minutos después, dijo: “Amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe”. En una frase, contradijo todas las medidas que acababa de anunciar: tenía COVID-19 pero asumió que era gripe, se hizo una prueba, y estaba ofreciendo una conferencia de prensa, sin usar cubrebocas, ante decenas de personas.

A diferencia de Johnson, AMLO no está en el más remoto riesgo de caer. Puede presentarse a trabajar con síntomas, sin cubrebocas, poner en riesgo sin consideración alguna a colaboradores y periodistas, y no pasa nada.

El episodio muestra una de las creaciones más exitosas del gobierno de López Obrador: la instauración de un fuero que no se ciñe a reglas ni leyes, mucho menos a criterios democráticos, sino al capricho del líder máximo. Un “fuero propagandístico”. Aplica, en primerísimo lugar, a él mismo y después a todo aquel colaborador, correligionario, amigo, pariente o aliado que él decida.

Ni siquiera la pandemia ha cambiado esto. El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell fue descubierto de vacaciones en la playa mientras instruía a la población a que se quedara en casa. Ha rechazado la necesidad del uso de cubrebocas, se ha negado a hacer pruebas masivas para detectar y rastrear casos, y su escenario más catastrófico de muertes ha sido superado en ocho veces. Sigue en el puesto y el presidente sigue defendiéndolo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compró a sobreprecio ventiladores para los pacientes más graves de COVID-19 al hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, quien tiene 23 casas de lujo y 13 empresas familiares que nunca declaró. Bartlett sigue en el cargo. También el director del IMSS, Zoé Robledo, aunque otorgó contratos a una empresa de su familia y después se ahogaron 17 personas en la inundación de uno de sus hospitales, ante su inacción.

El país lleva tres años con una aguda escasez de medicinas. El presidente prometió desde el 23 de mayo de 2019 que “ya se va a resolver, ya no va a haber desabasto”, pero no ha sucedido. No ha renunciado el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

El Tribunal Electoral acaba de sancionar a su partido, Morena, después de que la ahora secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, forzara a trabajadores gubernamentales a donar 10% de su sueldo. Ella ni habló del asunto y él expresó “nuestra solidaridad con la maestra Delfina porque hay una campaña en su contra muy injusta.

El secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, fue descubierto como parte de un “carrusel” de personas que hacía fila repetidamente en una sucursal bancaria para depositar montos idénticos de dinero en efectivo y evadir así la fiscalización anti lavado de dinero. La encargada de administrar las finanzas de la presidencia, Denis Vasto, estaba en la misma operación. Los dos siguen en sus puestos.

Los casos abundan y siguen impunes. La exencargada de combatir la corrupción, Irma Eréndira Sandoval, recibió de regalo una casa de un gobierno afín al presidente. El vocero del presidente, Jesús Ramírez Cuevas, fue vinculado por las autoridades tributarias a una empresa fantasma que simuló operaciones comerciales. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, apareció en la investigación Pandora Papers. Las pifias del director de Pemex, Octavio Romero, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se mantienen desde el inicio del sexenio, tanto en el desabasto de gasolinas y mal manejo de la empresa, como con las inundaciones de la refinería Dos Bocas.

En octubre de 2019, el Ejército atrapó y liberó al hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Nadie tomó responsabilidad de eso. Hoy, Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por su captura. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ha usado su puesto para avanzar en tres disputas legales personales: contra científicos que rechazaron considerarlo investigador élite, contra su familia y a favor de una universidad.

Incluso la familia del presidente está en esa lista. Dos de sus hermanos han aparecido en videos recibiendo dinero en efectivo clandestinamente y diciendo que son recursos para la campaña de AMLO. Cuando se descubrió que la prima hermana del presidente era una millonaria contratista del gobierno, solo se le cancelaron algunos contratos.

En todos estos escándalos, que en otras latitudes colapsarían las carreras políticas de sus protagonistas con despidos, multas o cárcel, hay un denominador común: el presidente desdeña el escándalo, minimiza el problema —aunque esté documentado— y arroja un manto protector sobre todo aquel que le jure lealtad.

Este “fuero propagandístico” incluye un ejército que se encarga de justificar todos los días cualquier cosa que el presidente necesite: añejos luchadores en pro de los derechos humanos que hoy aplauden rabiosamente violaciones a las garantías individuales, viejos periodistas demócratas que alaban atropellos autoritarios, históricos izquierdistas que apoyan con entusiasmo barbaridades propias de dictaduras de derecha y montones de aplaudidores recién llegados dispuestos a normalizar cualquier cosa.