Opinión

POR EL BIEN DE LOS ECUATORIANOS

Econ. Marco Flores T/ Quito

Cuando «países de economías emergentes», como Ecuador, desempleados y empobrecidos, acuden al FMI por «urgente financiamiento» lo hacen bajo extremas necesidades fiscales que desde el inicio los ponen de rodillas.

Entonces el FMI les ofrece otorgar ese necesario financiamiento, pero como han sido irresponsables y «no han hecho los deberes» a cambio les exigirá «poner la casa en orden» bajo un «programa de consolidación fiscal» cuyo cumplimiento condiciona la entrega en cuotas de la «ayuda financiera», por manera de asegurar la aplicación de su conocida «receta estándar», cuya «necesidad y beneficios» serán reiterada y públicamente promovidos por analistas criollos «siempre listos» a encender velas para Dios y para el diablo. Cómo unir el hambre con la necesidad.

Por cierto, cuando en los países hay tenedores locales de bonos soberanos de deuda externa que colocan a sus empleados como ministros de economía y finanzas para beneficiarse manipulando acciones y decisiones, adquirir y negociar bonos soberanos de deuda externa con información privilegiada produce extraordinarios beneficios.

El pago final de capital e intereses de los Bonos Globales 2020 efectuado el año 2020, justamente cuando Ecuador reestructuraba su deuda pública externa con tenedores privados fue realizado al 100% de su valor nominal, «para dar buenas señales a los acreedores». Pero las buenas señales tuvieron un costo superior a 200 millones de dólares que fueron los que perdieron los ecuatorianos en el momento más crítico de la crisis sanitaria porque los Bonos 2020 no fueron incluidos junto a los otros 10 paquetes de Bonos Soberanos reestructurados.

El «programa de consolidación fiscal» también denominado de «ajuste estructural», incluye reducción de gasto público, privatización de empresas estatales bajo cualquier membrete, despidos de empleados públicos y eliminación de contrataciones, reducción sustantiva de inversión social publica, virtual ausencia de obra pública, congelamiento de salarios públicos, normativas para posibilitar la reducción de salarios privados, expedición de leyes que apoyen la «consolidación fiscal», eliminación de subsidios públicos, nuevos impuestos o incremento de los existentes, y por supuesto, el cumplimiento de una serie de «metas» (condiciones) monetarias y fiscales que incluyen la obligatoriedad de acumular reservas internacionales que aseguren el pago puntual de deuda pública externa soberana.

Adicionalmente, el «programa de consolidación fiscal» será ratificado anualmente y declarado estrictamente necesario y conveniente por el Gobierno, hasta «poner la casa en orden», tal como desde hace cuatro años viene sucediendo en Ecuador «por el bien de los ecuatorianos y especialmente de los más pobres», quienes no deberían reclamar ni protestar, aunque los evidentes resultados económicos y sociales exijan lo contrario.