El Gobierno del presidente Daniel Noboa incluyó en su Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 una agenda de reformas legales y constitucionales orientadas a fortalecer la seguridad, el sistema judicial y la gobernabilidad. El documento plantea cambios al Código Orgánico Integral Penal, una reforma integral del sistema penitenciario, nuevas normas para el empleo de las Fuerzas Armadas y modificaciones al proceso de designación de autoridades judiciales. Además, prevé actualizar la legislación sobre minería, ciberseguridad y ciberdefensa, así como fortalecer los mecanismos de control social, rendición de cuentas y supervisión de organizaciones que puedan financiar actividades ilícitas. El Ejecutivo sostiene que estas reformas buscan adecuar el marco constitucional a las actuales necesidades del país y coordinar una acción más efectiva del Estado frente al crimen organizado y otros desafíos en materia de seguridad.

 

 

 

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