Las autoridades marfileñas se han negado a entregar a la CPI a Simone Gbagbo alegando que es preferible que comparezca ante un tribunal de su propio país.

ABIYÁN. La Fiscalía pidió 10 años de cárcel para la exprimera dama de Costa de Marfil Simone Ehivet Gbagbo por su implicación en la violencia postelectoral que en 2011 causó unos 3.000 muertos después de que su marido, el entonces presidente saliente Laurent Gbagbo, se negara a aceptar los resultados.

 El fiscal general, Simon Yabo Odi, acusó a la exprimera dama de «atentar contra la seguridad del Estado, participar en un movimiento de insurrección y contribuir a la constitución de grupos armados en Abobo», distrito de Abiyán de la que ella era diputada en aquella época.

 «Los hombres (a las órdenes de Gbagbo) permitieron la construcción de barricadas y participaron en la rebelión», señaló Yabo Odi mientras Simone Gbagbo permanecía impasible al oír todos los cargos de los que se la acusa.

 Cinco testigos subieron al estrado para declarar que habían visto a la exprimera dama distribuir armas a un grupo de jóvenes en Abiyán durante la crisis postelectoral, aunque ella lo negó.

 Asimismo, la Fiscalía pidió dos años de cárcel para el presidente del entonces partido gobernante Frente Popular Marfileño (FPI, en francés), Pascal Affi N’Guessan, por «desórdenes públicos».

 Los cargos por desórdenes públicos y participación en un movimiento de insurrección también le han sido mantenidos a Michel Gbagbo, hijo del expresidente marfileño.

 Por su parte, el entonces primer ministro de Laurent Gbagbo, Marie Gilbert Aké N’go, y otros altos cargos del FPI se enfrentan a 17 meses de cárcel por su implicación en las revueltas.

 Ayer el Estado, única parte que se ha personado en la causa, pidió tres millones de euros en concepto de daños y perjuicios, más intereses, a Simone Gbagbo y a los otros 82 acusados, una suma que la defensa rechazó al considerarla «fantasiosa, absurda y sin fundamento».

 La violencia postelectoral de 2010 y 2011 causó unos 3.000 muertos y cientos de miles de desplazados después de que el entonces presidente, Laurent Gbagbo, se negara a aceptar la victoria del principal candidato de la oposición, Alassane Ouattara, que además contaba con el apoyo de la comunidad internacional.

 Gbagbo permanece encarcelado desde 2012 en La Haya a la espera de ser juzgado por «crímenes contra la humanidad» por la Corte Penal Internacional (CPI). (Efe/ La Nación)