Opinión

Pedido al Procurador General del Estado

Lcdo. Henry Llanes Suárez/Quito

Quito, D.M., lunes 28 de junio de 2021

Doctor

Íñigo Salvador Crespo

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

Presente.

De mi consideración.

ASUNTO: solicito se aplique lo que dispone la Constitución de la República en su artículo 11, numeral 9, segundo y tercero incisos, relacionados con el derecho de repetición a favor del Estado.

Reciba señor procurador mi cordial saludo, deseándole el mayor de los éxitos en el cumplimiento de sus funciones.

El motivo de enviarle esta comunicación es para solicitar a usted, se aplique lo que dispone la Constitución de la República en su artículo 11, numeral 9, incisos segundo y tercero, los mismos que se relacionan con el derecho de repetición a favor del Estado. En lo específico, me refiero a los laudos arbitrales que perdió el Ecuador ante el CIADI, en los casos de OXY, BURLINGTON Y PERENCO.

Como usted conoce señor procurador, el problema tiene su origen en haber impulsado acciones y reformas legales que contradecían disposiciones constitucionales y contractuales como las siguientes:

1.- De acuerdo a la Constitución de 1998, en los contratos celebrados con inversionistas, el Estado estaba impedido de modificar los convenios por disposiciones de ley; según el artículo 271. “El Estado, en contratos celebrados con inversionistas, podrá establecer garantías y seguridades especiales, a fin de que los convenios no sean modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase que afecten sus cláusulas”.

2.- En el mismo contexto que se indica, en los contratos petroleros, suscritos entre el Estado y las contratistas acordaron lo siguiente:

“Modificación del régimen tributario: En caso de modificación del régimen tributario, incluyendo la creación de nuevos tributos, o de la participación laboral, o de su interpretación, que tengan consecuencias en la economía de este Contrato, se incluirá un factor correspondiente en los porcentajes de participación, que absorba el incremento o disminución de la carga tributaria o de la participación laboral antes indicados. Este factor de corrección será calculado entre las partes y aprobado por el Ministerio del Ramo”.

3.- Finalmente había un tercer antecedente que se debía observar, en este caso, el convenio suscrito con el “Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI)”, el cual fue ratificado en el gobierno de Sixto Durán Ballén.

En este sentido no era viable reformar la Ley de Hidrocarburos para que el Estado participe del 50% o del 99% de los ingresos extraordinarios por el incremento del precio del barril de petróleo, y se lo hacía, tenía que aplicar un factor de corrección como se indicó anteriormente, pero no lo hizo, con lo cual, el gobierno nacional les entregó a las petroleras en bandeja de oro las pruebas de violación de los contratos, para que estas empresas ganen los laudos arbitrales, como efectivamente así ha ocurrido, obligándolo al Estado a pagar enormes sumas de dinero, las que seguramente se cubrirán con los ingresos de los impuestos o con más deuda pública.

En el caso de OXY, el gobierno nacional no delegó a un árbitro para que integre el CIADI, ante lo cual, el tribunal arbitral designó a la profesora Brigitte Sterm para que represente al Ecuador en dicho organismo en condición de árbitro.

De acuerdo a la Ley de Hidrocarburos, la caducidad de los contratos petroleros puede darse por varias causales: por reincidir en las infracciones a la ley y sus reglamentos, por daños ambientales que no hayan sido remediados, etc. (artículo 74, numerales 13 y 14); por lo tanto, la vía legal para recuperar los yacimientos petroleros debió darse en función de estas causales, porque las contratistas habían incurrido en esas infracciones; por eso, los laudos arbitrales les obligaron a cubrir el costo de los daños ambientales: a Perenco le obligaron a pagar USD 54,4 millones, a Burlington USD 41.7 millones y lo mismo sucedió con OXY, pese a que, el Presidente Ejecutivo de Petroecuador, cuando solicitó la caducidad del contrato manifestó: si bien es verdad, la contratista ha incumplido disposiciones del contrato; sin embargo, no ha causado perjuicios económicos al Estado; suficiente afirmación, para que la contratista le gane el laudo arbitral.

Por lo expuesto solicito señor Procurador, se aplique lo que dispone la Constitución de la República, esto es, el derecho de repetición, previsto en la Constitución de 1998, en los siguientes términos

“Art. 20.- Las instituciones del Estado, sus delegatorios y concesionarios, estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados, en el desempeño de sus cargos”.

Las instituciones antes mencionadas tendrán el derecho de repetición y harán efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave judicialmente declarada, hayan causado los perjuicios. La responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados, será establecida por los jueces competentes”.

La misma disposición consta en el artículo 11, numeral 9 de la Constitución vigente:

“Art. 11, numeral 9) (…) El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas”.

Este pedido lo formulo señor Procurador, en el marco de lo que estipula la Constitución de la República en sus artículos 61 (numerales 2, 4, 5 y 23) y 95 y de lo que establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

Por la atención a lo solicitado, les expreso mi especial agradecimiento.

Atentamente,

Lcdo. Henry Llanes Suárez

C.C. 170444421-3

C.C. Asambleísta Guadalupe Llori Abarca, presidenta de la Asamblea Nacional

Asambleísta Fernando Villavicencio Valencia, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político

Asambleísta Washington Varela, presidente de la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales

Asambleísta Gissella Molina.