BRASIL. El TSE examina si la reelección hace tres años de la fórmula Dilma Rousseff (PT, izquierda)-Temer (PMDB, centroderecha) debe ser invalidada por abusos de poder y financiación ilegal de la campaña, dentro del megafraude a Petrobras. Temer llegó al poder tras la destitución el año pasado de Rousseff por el Congreso, por manipulación de las cuentas públicas.

Si hubiera una sentencia condenatoria en este caso, Temer podría permanecer en el poder hasta que sean juzgadas todas las apelaciones previstas en la ley, que comienzan en la corte electoral y acaban en el Tribunal Supremo, que daría la última palabra tras un engorroso proceso.

En caso de que todas las apelaciones sean rechazadas, perdería el cargo y el Congreso debería elegir a su sucesor en un plazo de 30 días, mediante una elección parlamentaria indirecta.

El proceso en la corte electoral es uno de los frentes que Temer tiene abiertos en la Justicia, pues también enfrenta la amenaza de tener que responder ante el Supremo por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita.

Esas sospechas, sobre las que la Corte Suprema ha iniciado una investigación contra Temer, se desprenden de explosivos testimonios de directivos del grupo cárnico JBS, que dicen haber sobornado al actual gobernante desde 2010 a cambio de «maniobras» políticas que habría realizado para favorecer a esa empresa.

Otros frentes abiertos

Fuera del TSE, hay otros fantasmas que preocupan al mandatario. Esta tarde vence el plazo para que Temer entregue por escrito al Supremo Tribunal Federal (STF) las respuestas a un largo y comprometedor interrogatorio en el marco de la investigación por corrupción en su contra.

El mandatario deberá explicar, por ejemplo, por qué se reunió en su residencia –fuera de agenda y de noche– con el dueño del imperio cárnico JBS, Joesley Batista, que lo grabó de forma clandestina aparentemente dando aval al pago de un soborno.

Esa grabación detonó la crisis y es sólo una de las pruebas entregadas a la Fiscalía como parte de un acuerdo de declaraciones premiadas de ejecutivos de JBS.

El fiscal general, Rodrigo Janot, podría presentar formalmente cargos contra Temer en cualquier momento, lo que podría apartarlo del cargo si esa denuncia fuera aprobada por la Cámara de Diputados y validada por el STF.

Mientras hace números para que los dos tercios de la Cámara no acaben validando esa denuncia, Temer saca pecho con la tímida recuperación económica que está experimentando Brasil después de la peor recesión de su historia.

Su mayor bandera de gobierno, la aprobación pendiente de dos reformas promercado, también se tambalea por la erosionada base oficialista en el Congreso.

El principal socio del partido de Temer, el PSDB, debe decidir el lunes si abandona el gobierno, con la vista puesta en las elecciones de 2018.

El PSDB podría optar por retirar a sus cuatro ministros, dando un golpe de imagen para Temer. Importante será ver, no obstante, si mantiene el apoyo a las reformas de austeridad.

Entretanto, planea la posibilidad de que un cercano ex asesor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, detenido por corrupción, haga una delación premiada con la Justicia.

Si las proyecciones de Temer fallan y cae, el Congreso debería elegir al nuevo presidente en un plazo de 30 días, para completar el mandato hasta fines de 2018. (INFOBAE/LA NACIÓN)