Opinión

Para un 2019 justo y equitativo

La justicia no es igual para todos, pero debe y puedo serlo. Los derechos nos cobijan a todos por igual más en la letra, que en el espíritu. El estado tiene esa gran responsabilidad de salvaguardar los derechos de todos; nosotros y nosotras, el deber de hacerlos valer cuando el estado incumple porque es fundamental para garantizar la equidad y la democracia.

Recientemente la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos del Crimen (Ley Núm. 22 del 22 de abril de 1988, según enmendada) tuvo un papel relevante en la vista de Regla 6 de la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced. Fue mucho más de lo que yo he podido lograr como activista defensora de los derechos de las víctimas a lo largo de 20 años en talleres, documentos escritos o acompañando a víctimas. Sin embargo, la televisión es un medio poderoso y cuando está relacionado a una jefa de una agencia aún más.

Entiendo positivamente que muchas víctimas, pero sobre todo los y las funcionarias de cada componente del sistema de justicia deben tener muy claro ahora que la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos del Crimen dispone “un trato digno y compasivo” por parte de ellos, puesto que esto no siempre es así. Del mismo modo, serán conscientes que toda víctima tiene el derecho de: “Ser notificado por escrito del desarrollo de todas las etapas del proceso de investigación, procesamiento y sentencia del responsable del delito…”, así como de “ser consultado antes de que se proceda a transigir una denuncia o acusación contra el autor del delito”.

Me alienta pensar que nunca más viviremos situaciones en que algunos fiscales tomen decisiones sin consultar a las víctimas, que no se reúnan con ellas y no les compartan la información del expediente. Confío en que no sucederá que se haga sentir a la víctima culpable del delito o en que sea en plena sala ante la vista de todos los citados (incluida la parte acusada) que conozca quien será el o la fiscal. Doy por sentado también que, si una víctima solicita un cambio de fiscal, esto será atendido con prontitud y que no pasarán por todo el proceso judicial sin enterarse que tenían unos servicios a su disposición.

Esa Carta de Derechos también dispone: “Lograr que el Ministerio Fiscal promueva la rápida ventilación de los casos criminales contra el responsable del delito…” Esperamos ahora que fiscalía objete las posposiciones innecesarias que tanto alargan el proceso judicial y el sufrimiento de las víctimas. Recordemos que justicia tardía, no es justicia.

Deseo que la mencionada vista marque un punto de inflexión en la Carta de Derechos de las Víctimas porque lo que vale para la Secretaria del Departamento de Justicia, vale para todas. En ánimo de aportar a un sistema más justo para las víctimas, sin restar derechos a otros, más bien desde una amplia perspectiva de derechos humanos, propongo que en el 2019 el Departamento de Justicia:

1- Emita una comunicación interna recordando a sus funcionarios la obligación de cumplir con la Carta de Derecho de las Víctimas y Testigos de Delitos.

2- Establezca junto a la Policía de Puerto Rico un grupo de trabajo para atender los casos no esclarecidos. (Algunas de las madres de la Alianza para la Paz Social llevan hasta 20 años esperando por el esclarecimiento de sus casos.

3- Lleven a cabo reuniones con organizaciones que proveen servicios a víctimas para mejorar la notificación de servicios.

La Alianza para la Paz Social (ALAPÁS) es una organización sin fines de lucro que brinda servicios gratuitos integrados a las víctimas de delito.  

Por: Myra Rivera Torres