Economía

Pago de liquidaciones en medios incautados se dilata tras pronunciamiento de Procuraduría

El pago de las liquidaciones pendientes a los extrabajadores de los medios inacutados se dilata más tras un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado realizado ante una consulta de Medios Públicos EP.

La empresa pública, accionista en los medios incautados a exbanqueros, había efectuado semanas atrás una consulta relacionada con la responsabilidad solidaria para atender los pasivos laborales de los medios en los cuales es accionista.

En concreto, pedía que se aclare si era aplicable o no el artículo 179 de la Ley de Compañías, que prevé que los copropietarios responderán solidariamente a la compañía de cuantas obligaciones se deriven a su condición de accionista.

Tras un análisis, la Procuradoría ha concluido que una empresa pública accionista de sociedades privadas, como es el caso de Medios Públicos EP, en liquidación, está excluida de la solidaridad patronal de conformidad con el tercer inciso del artículo 36 del Código de Trabajo, en concordancia con el artículo 143 de la Ley de Compañías.

Esta consulta se había enviado tras una serie de reclamos que realizan trabajadores de Cablevisión, Super K800, Uminasa y otras empresas, que piden que se cancelen sus liquidaciones y aportes pendientes en el IESS.

Estas empresas fueron incautadas en el gobierno correísta. En esos años se indicó que se iban a vender, pero aquello no se concretó y fueron usados para transmitir las sabatinas o eventos oficiales.

Para Margarita Constante, excolaboradora de la emisora Super K 800, es una «burla» el pronunciamiento debido a que ellos consideran que Medios Públicos EP debe responder como accionista ante los extrabajadores. «Es una burla para nosotros, medios públicos es por decreto presidencial el único accionista de los medios incautados», aseguró.

Como lo hacen desde junio, los extrabajadores realizaron ayer un plantón en los exteriores de TC Televisión, en Guayaquil, para exigir el pago de sus liquidaciones, la deuda del Seguro Social e indemnizaciones, tras dos años y cinco meses de haber sido despedidos intempestivamente.

En el grupo hay extrabajadores que tienen enfermedades catastróficas y personas que están arrastrando deudas importantes por sus casas.

Rodolfo Enríquez, exempleado de uno de estos medios incautados, cuestionó el que la liquidadora designada por la Superintendencia de Compañías, Cristina Reyna, y el gerente de Medios Públicos EP, Édison Toro, no agilicen la cancelación de los valores adeudados, vulnerando sus derechos laborales. (I)

 

 

 

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