Opinión

Operadores de justicia y seguridad cifrados o sin rostro

Comandante Raúl Hidalgo Zambrano/Guayaquil

El presidente Guillermo Lasso propone enmendar artículos de la Constitución, como el de la extradición de ecuatorianos que fueren reclamados para ser enjuiciados o cumplir una pena impuesta por otro Estado. Plantea: «La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes». Y pregunta: «¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 2?

El artículo 79 prohíbe la extradición de ecuatorianos, enmendado quedaría: «No se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano, su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador, excepto para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional como el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, blanqueo del producto del delito».

La respuesta inmediata es SÍ; pero: ¿Tenemos un sistema jurídico adecuado, fuerte y confiable? La crónica roja que ocurre cada hora, muchos relacionados con el narcotráfico, devela una justicia debilitada, se dice que existe un precio clandestino. Hay que considerar que los operadores de justicia están en la primera línea legal contra la delincuencia organizada, y actuar con justicia es un peligro incluso para su familia.

 ¿Tenemos una fuerza policial capaz de enfrentar la escalada del crimen organizado y que no necesite el apoyo complementario de las fuerzas armadas? Se puede apreciar que NO, la delincuencia supera su capacidad; tiene el dinero suficiente, producto de sus actividades, para quebrantar la voluntad y principios de policías o militares, mal formados, y pagar sicarios para asesinar a quienes consideren un obstáculo o adversario.

Sería importante impulsar una enmienda constitucional, para crear operadores de justicia (fiscales y jueces) y elementos de seguridad (policías y militares) sin identificación o cifrados, en algunos países los llaman sin rostro, quienes, inclusive, renuncien a aparecer públicamente y restrinjan su vida en redes sociales, a fin de que no sean fácilmente identificados, relacionados con su familia, amenazados o asesinados como ha ocurrido. El Estado tiene la obligación de protegerlos porque enfrentan al lema narco: “Plata, plomo y terror”.

Existen Estados que permiten operaciones clandestinas, los agentes del orden recurren al ocultamiento de identidad y reserva de las operaciones, cuando está en peligro la sobrevivencia del Estado o la vida de los ciudadanos de bien. En nuestro país no se puede hablar de este tipo de operaciones, pues, saltan activistas de derechos humanos en contra, pero cambian cuando son víctimas de un puñal o bala asesina. Los asesinos no respetan los derechos humanos de sus víctimas.

¡Señor presidente aumente la presión contra el crimen organizado no solo proponiendo la extradición, sino también operadores de justicia y agentes de seguridad cifrados o sin rostro!