Economía

Odebrecht exige 100 millones para concluir una presa en Perú

La firma brasileña asegura que el Gobierno regional no cumplió con entregar los terrenos de la obra a tiempo, lo que habría ocasionado retrasos y sobrecostos

LIMA. Ubicado en el departamento de La Libertad (norte del Perú), Chavimochic III es un proyecto de irrigación y electrificación con un costo que bordea los 700 millones de dólares. La construcción de la presa de Palo Redondo, parte fundamental del proyecto, que fue entregado en 2013 a un consorcio integrado por la empresa brasileña Odebrecht y la peruana Graña y Montero, se encuentra detenida pese a estar avanzada en un 70%. La firma brasileña asegura que el Gobierno regional no cumplió con entregar los terrenos de la obra a tiempo, lo que habría ocasionado retrasos y sobrecostos, calculados en 100 millones de dólares y que ahora reclama.

Palo Redondo tendrá cuando esté concluida capacidad para almacenar 400 millones de metros cúbicos de agua —el equivalente a 160.000 piscinas olímpicas—. El líquido será traído del río Santa y luego canalizado a 62.000 hectáreas. Se estima que repercutirá en 120.000 nuevos puestos de trabajo en el sector agropecuario.

Puestos de trabajo

En el campamento de operaciones de la obra antes trabajaban 1.600 obreros, pero ahora parece un pueblo fantasma. A un lado del ingreso se encuentran decenas de volquetes, excavadoras y tractores paralizados. Hace unas semanas, Odebrecht interrumpió los trabajos. Para retomar las obras, la firma ha exigido una ampliación de la fecha de entrega, además de un pago adicional.

Aunque la empresa ha solicitado la intervención de un perito para determinar el monto de este pago, la región lo ha calculado en cerca de 100 millones de dólares. Luis Valdez, gobernador de la Libertad, ha puesto el grito en el cielo, por lo que considera una exigencia “arbitraria y caprichosa”. “No vamos a permitir que empresas como Odebrecht falten a la confianza de todo un país, de toda una región, incurriendo en actos de corrupción para satisfacer sus intereses”, aseguró.

Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación del canal de televisión Latina, explica que “el caso se complica porque, a la fecha, ni Odebrecht ni su socia peruana han podido acreditar con ningún banco que cuentan con los 340 millones de dólares que les toca invertir en la obra”. A esto hay que sumar la prohibición que tiene la constructora de vender sus acciones por un decreto reciente que se lo impide a empresas declaradas corruptas, como la brasileña. (EL PAÍS/LA NACIÓN)