ESPAÑA. Herminia Loa tiene 53 años y diez de ellos los pasó buscando a Nicolás Vásquez, el asesino de su hija Melva Evangelista Loa. En 2006, Vásquez mató por celos a su pareja y cortó el cadáver con un machete. El hombre fue detenido y condenado a 20 años de prisión y al pago de 1.500 dólares de reparación civil. “No quisiera que nadie viviera eso, hemos gastado 200.000 soles (61.700 dólares) en estos años buscando, y en medicinas porque estoy mal. El abogado no nos avisaba qué estaba pasando. Estamos aquí para que a otras víctimas no les ocurra”, refiere a EL PAÍS Loa, luego de participar en una reunión de organizadoras de la marcha ‘Ni una menos’ que se celebrará este sábado en Perú.
En la protesta miles se manifestarán por segundo año consecutivo con el lema «Ni una menos» por varios motivos, uno de ellos es que las denuncias por violencia sexual se han incrementado. El boletín estadístico más reciente del ministerio público reportó 15.552 denuncias por delitos contra las mujeres entre enero y septiembre de 2016, y 17.182 denuncias en el mismo período este año. La movilización ciudadana concluirá, como en 2016, frente a Palacio de Justicia.
Sandy Evangelista, hermana de Melva explica que el asesino ha conseguido un beneficio penitenciario de 5×1 (redención de cinco días de trabajo o educación por uno de condena) y va a salir en tres años. “Esa es nuestra indignación contra el Poder Judicial que nos da la espalda a las víctimas”, afirma.
#PerúPaísDeVioladores
Entre octubre y noviembre la etiqueta #PerúPaísdeVioladores ha cobrado fuerza en las redes sociales y ha sido tendencia, luego de la difusión de diversos casos de violencia de género. El más impactante fue el vídeo de un joven que arrastraba a su pareja por la acera de un barrio acomodado de Lima, luego de una discusión en la que el hombre la amenazó de muerte. La grabación fue registrada por una vecina, quien luego la subió a Facebook.
En octubre, dos exparejas de un asesor político de un partido de izquierda denunciaron en los medios sociales las agresiones físicas y psicológicas de las que fueron objeto. Días antes, una conductora de televisión denunció en la comisaría a su pareja por golpes y violencia psicológica, y el caso se volvió viral debido a que el agresor era profesor universitario y columnista de temas económicos.
En el mismo mes, una empadronadora del Censo Nacional 2017 fue violada en Lima por un hombre que la hizo pasar a la casa con engaños. La agresión dejó en evidencia que el Instituto Nacional de Estadística e Informática no tenía un protocolo de seguridad para las mujeres, pese a que en 2013 otra trabajadora de la entidad también fue violada durante un empadronamiento en la misma ciudad.
Y en paralelo con las denuncias de violencia sexual del productor estadounidense Harvey Weinstein, en Lima, el director de teatro Guillermo Castrillón ha sido denunciado en los medios sociales por acoso y violencia sexual en perjuicio de actrices a quienes dirigió o capacitó en talleres.
Lima es la quinta ciudad más peligrosa para las mujeres según una encuestarealizada por Thomson Reuters y divulgada el mes pasado, que consultó con expertos sobre violencia sexual, acceso a salud, prácticas culturales y oportunidades económicas.
La abogada feminista Jeannette Llaja explica que de acuerdo a un cálculo demográfico a partir de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2015, más de 160.000 peruanas sufrieron violencia sexual por parte de su pareja. “En cifras oficiales, la prevalencia de la violencia solo se mide (registra) dentro de la relación de pareja, del resto no sabemos. Si todas las víctimas denunciaran, no habría sistema de justicia que se diera abasto”, asegura.
Según Llaja, el Gobierno solo ha dado respuestas mediáticas a una demanda social más visible. “Por ejemplo, el Gobierno ha creado –hace un mes– una nueva comisión de alto nivel para erradicar la violencia contra la mujer, pero no está sustentada en una norma; y ya existía otra, creada por ley por este Gobierno para el mismo fin”. La experta sostiene que faltan juzgados especializados en el ámbito penal, pues allí las denuncias “se caen, los fiscales no están haciendo una debida labor de investigación, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal no sabe medir la afectación de la salud mental en el caso de violencia psicológica”.
Nuevos colectivos
Ante un Estado sin respuestas suficientes, nuevos grupos de activistas han surgido. En la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), un colectivo logró destituir, en junio, a un profesor que acosó a ocho alumnas. Tania Luján, miembro de UNIdas por una educación libre de violencia de género, indica a este diario que enfrentaron varios obstáculo en este caso: “las estudiantes temían represalias y tenían vergüenza de admitir el acoso, no había un protocolo de actuación frente a este tipo de quejas. Además, en la resolución rectoral de destitución, colocaron los nombres de las denunciantes, demostrando nuevamente la ineficacia de la universidad en cuidar el anonimato y protección de las agraviadas”.
En esta universidad tradicionalmente los hombres son mayoría, entre estudiantes, docentes y autoridades, pese a ello, en el colectivo UNIdas, también hay varones.“También participan compañeros de la UNI, son aliados en esta lucha y a partir de estos sucesos, decidieron emprender un colectivo de nuevas masculinidades en la universidad”, dice Luján.
El grupo Rastros, de activismo ciudadano, también se sumó por primera vez a las expresiones contra la violencia de género, con un performance y un vídeo hecho en la víspera de que Perú clasificara al Mundial de Fútbol Rusia 2011. Once jóvenes vistieron el uniforme del equipo peruano de fútbol, pero con la cifra de violaciones sexuales impreso en la espalda. Luego llevaron una pancarta con el mensaje ‘Perú país de violadores’ a las escalinatas del Palacio de Justicia. (EL PAÍS/LA NACIÓN)
