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Nueve preguntas presentadas por Daniel Noboa no fueron aprobadas por la Corte Constitucional, ¿qué objeciones hicieron los jueces a su contenido?

Nueve preguntas se quedaron fuera de la consulta popular y el referéndum solicitados por el presidente Daniel Noboa, según los tres dictámenes emitidos por la Corte Constitucional (CC).

Originalmente, el Ejecutivo envió 20 interrogantes. Pero del primer bloque de 11 preguntas, finalmente retiró la última, que trataba sobre el levantamiento de la prohibición del funcionamiento de casinos. Y posteriormente, envió un segundo bloque con nueve preguntas adicionales.

De acuerdo a los dictámenes de la Corte, del primer paquete de temas que envió el Ejecutivo el 2 de enero, los jueces no aprobaron cinco de diez: 1, 3, 5, 8 y 10. Mientras que de la segunda tanda no se aprobaron: 2, 3, 4 y 8.

Estas son las objeciones que hicieron los jueces a su contenido:

1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme el Anexo de la pregunta 1? (pregunta 1 del primer envío)

La Corte consideró que la posibilidad de que las FF. AA. inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones transnacionales dentro del territorio nacional ya se encuentra actualmente permitida en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. También identifica que la autorización para que las FF. AA. ecuatorianas actúen en territorios soberanos de otros Estados, depende de convenios internacionales prexistentes, no de una consulta popular.

2. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 3? (pregunta 3 del primer envío)

La CC señala que la pregunta es imprecisa porque regula temáticas de diversa índole. Por un lado, busca que no se prive de libertad a los miembros de de las FF. AA., de la Polocía Nacional y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria mientras dure la investigación o el proceso penal, sin aclarar qué sucedería en el caso de que ya exista una sentencia condenatoria; no diferencia la privación de la libertad ordenada en sentencia de aquella que se dicta como medida cautelar; no considera las diferencias que existen en las etapas anteriores al proceso penal, como la investigación, y el proceso en sí; y no indentifica cuáles serían los tipos penales vinculados al uso legítimo de la fuerza en los cuales opera este beneficio o, si se aplicaría a cualquier tipo penal en donde un miembro de estos órganos de seguridad haya usado fuerza.

3. ¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado, conforme el Anexo de la pregunta 10? (pregunta 10 del primer envío)

En este caso la CC comprueba que la pregunta no supera el examen de constitucionalidad aplicable a las consultas populares. Los considerandos muestran que la finalidad de la consulta excede el texto de la pregunta. Hay cierta carga valorativa que podría inducir al elector en la forma en la que se plantean los considerandos.

4. Está usted de acuerdo en que se reforme el Código Orgánico Integral Penal para que el presidente de la República pueda conceder indultos durante la sustanciación de las causas penales a los servidores de Policía Nacional, Fuerzas Armadas o del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria a quienes se haya imputado un delito relacionado con el uso de la fuerza en contra de sospechosos de delitos? (pregunta 5 del primer envío)

La Corte menciona que el anexo de la consulta popular permite que se otorgue un indulto presidencial durante el trámite del juzgamiento penal, sin la necesidad de que exista sentencia ejecutoriada, aspecto que no consta expresamente en los considerandos ni en la pregunta.

5. ¿Está usted de acuerdo con que el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respetando el principio constitucional de unidad jurisdiccional, en el caso de los delitos cometidos dentro de su misión, sean juzgados en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en materia penal militar y policial, pertenecientes a la misma Función Judicial a través de legislación específica? (pregunta 8 del segundo envío)

La Corte dice que los considerandos se limitan a enunciar descriptivamente el texto de ciertas normas de la Constitución, instrumentos internacionales y leyes. Únicamente, se describe cómo se organizan los órganos de administración de justicia y se incluye un juicio de valor sobre la conducta de la Asamblea Nacional al haber permitido que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) elimine los juzgados especializados penal militar y penal policial.

6. ¿Está usted de acuerdo en que se enmiende la Constitución y se reforme la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo o injustificado, conforme se detalla en el anexo 5? (pregunta 2 del segundo envío)

La Corte considera que la modificación no procede a través de enmieda. El despojo involucra condiciones de imprescriptibilidad y se habilita ante cualquier delito, sin sentencia ejecutoriada. En su conjunto, la propuesta genera consecuencias para los derechos de todos los ecuatorianos toda vez que, en cualquier momento, se podría instaurar un proceso de extinción de dominio en su contra “por cualquier delito”, aun sin que se haya declarado su culpabilidad mediante sentencia previa.

7. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la Función Judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales, conforme el Anexo de la pregunta 8? (pregunta 8 del primer envío)

La Corte dice que las atribuciones para ejecutar las evaluaciones a los servidores públicos de la Función Judicial de forma periódica y la auditoría a sus declaraciones patrimoniales se encuentran actualmente establecidas, de forma expresa, en las normas vigentes. Asimimo, la Corte recordó que su dictamen no impide el ejercicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que detentan los los órganos de control, lo que incluye investigaciones y sanciones contra servidores judiciales en el marco de sus competencias.

8. ¿Está usted de acuerdo en que, para erradicar la minería ilegal, se declaren las zonas mencionadas en el anexo 5 como territorios de interés nacional, con la finalidad de evaluar, por una sola vez, la pertinencia de revocar concesiones mineras para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado? (pregunta 3 del segundo envío)

La Corte detecta que los 11 considerandos contienen -en su mayoría- reproducción de normas e información genérica sobre las supuestas repercusiones de la minería ilegal, lo cual, no logra evidenciar cuál es su relación con la finalidad de la pregunta. Adicionalmente, indica, que a los textos legales expuestos en los considerandos no les acompaña una explicación, por lo que no cumplen con su objetivo informativo ni aportan elementos que permitan al votante comprender la complejidad de la problemática que se quiere consultar.

9. ¿Está usted de acuerdo con permitir que el presidente de la República pueda calificar de urgentes proyectos de ley que no solo se refieran a la materia económica, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el anexo 4? (pregunta 4 del segundo envío)

La Corte considera que la modificación no procede a través de enmienda. Y detalla: Permitir que el presidente califique como “urgente” cualquier proyecto de ley, significa que la Asamblea Nacional deberá discutir dichos proyectos y aprobarlos en un plazo máximo de treinta días y si su propuesta no se aprueba, modifica o niega en ese plazo, su proyecto se promulgará automáticamente como Decreto-ley.

Esto podría provocar que, en proyectos de amplia complejidad o de gran extensión, la Asamblea no pueda contar con el tiempo suficiente para debatirlos y aprobarlos. La propuesta intensifica el régimen presidencialista, afecta al sistema de controles entre poderes del Estado y limita la deliberación democrática en la Asamblea. (I)

Fuente:  Radio Huancavilca