Opinión

NUEVA REFINERÍA DE PETRÓLEO CON CRITERIOS AMBIGUOS

Henry Llanes

henryllanes35@gmail.com

Nuevamente el señor Ministro de Hidrocarburos Carlos Pérez, anuncia que la empresa privada construirá una nueva refinería de petróleo, cuyo valor será de USD 6.000 millones, lo mismo dijo hace aproximadamente un año, peronunca se concretó ese anuncio formulado antes del 24 de mayo de 2018, fracasó por sus criterios ambiguos, como los que menciona actualmente.

Ahora nuevamente le dice al país, que la empresa privada construirá una nueva refinería de petróleo en el lugar que le parezca, a su propia cuenta, que el Estado no se compromete a nada, que no se compromete a venderle el petróleo ni tampoco a comprarle los combustibles, criterios ambiguos con los cuales el régimen no va a ninguna parte,cuando es él, quien debe decirle al país a donde vamos en materia petrolera, él está obligado a decirlo por mandato constitucional, pero hasta la actualidad ni siquiera ha cambiado la Ley de Hidrocarburos, la misma que debió ser ajustada a las disposiciones constitucionales vigentes, al día siguiente del 20 de octubre de 2008, pero ni el régimen de Correa ni el de Moreno han hecho nada hasta la actualidad sobre esta materia.

En el marco de las disposiciones constitucionales (artículo 313), los hidrocarburos son definidos como un recurso estratégico, por su decisiva influencia en los aspectos económicos, sociales y políticos; en este sentido, estos recursos deben ser administrados por empresas públicas o también -de acuerdo a la ley- las empresas públicas pueden participar en empresas de economía mixta, en las que el Estado tenga la mayoría de acciones (artículos 315 y 316).

En materia de hidrocarburos, según el artículo 408 (…). “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad”.

A parte de la figura jurídica de la economía mixta, impulsada en los años setenta en el marco del Estado de bienestar, en el camino del desarrollo económico y de las actividades productivas se han ido incorporando a la legislación ecuatoriana las figuras jurídicas de la delegación, concesión, alianzas estratégicas y alianzas público privadas y, en materia contractual, la de los contratos de asociación y de participación, especialmente en el sector petrolero.

En casi dos años de gobierno del Presidente Moreno (que será el 24 de mayo de 2019), ya debió estar en vigencia una nueva política petrolera, así como un nuevo marco jurídico, nueva ley y nueva contratación petrolera, pero nada se ha hecho hasta la actualidad y seguimos con un marco jurídico vigente desde los años setenta lleno de parches, debido a sus múltiples reformas, muchas de ellas impulsadas de acuerdo a los intereses y compromisos de los gobiernos de turno y sus aliados y no con el país.

¿Cuál debió ser la preocupación del gobierno nacional y de su Ministro de Hidrocarburos desde el inicio de su mandato? (24 de mayo de 2017).

a) El déficit de los derivados hidrocarburos para abastecer el mercado interno con producción nacional.

b) La importación de los derivados de los hidrocarburos, cada año el Estado importa en mayores cantidades, tanto en volumen como en precio, son miles de millones de dólares que se invierten anualmente en estas compras, estas importaciones constituyen un desangre económico para el país, pero a los gobiernos de los últimos quinquenios poco o nada les ha importado esta situación, con tal de no afectar los intereses de los grupos de poder vinculados al negocio de los hidrocarburos.

c) La mezcla total de los crudos, cuya operación afecta principalmente la refinación y la comercialización de los hidrocarburos, a pesar de que el país cuenta con dos oleoductos, uno para transportar crudos livianos, inaugurado el 26 de junio de 1972 y otro para transportar crudos pesados, el mismo que entró en funcionamiento en noviembre del año 2003, pero no aplican esta operación, a la que, ni siquiera la Agencia de Regulación y Control de los Hidrocarburos, antes Dirección Nacional de Hidrocarburos, ni la Contraloría General del Estado fiscalizan esta multimillonaria pérdida para el país en materia petrolera debido a la mezcla total de los crudos, pérdida que se produce desde el segundo quinquenio de la década de los noventa hasta la actualidad.

d) Un marco jurídico lleno de parches en materia de legislación petrolera, son múltiples las reformas que se han impulsado desde los años setenta. “Las reformas a la Ley de Hidrocarburos exigidas por las compañías para firmar los contratos de prestación de servicios ordenados por el Presidente de la República, entraron en vigencia por el “Ministerio de la Ley” mediante su publicación en el Registro Oficial No 244, suplemento del 27 de julio del 2010 (…). Al final de este diagnóstico, al añadir estas reformas a la Ley de Hidrocarburos codificada en 1978, llegamos a tener 33 reformas vigentes sin codificación, distribuidas en 10 capítulos numerados y uno sin numerar que contienen una normatividad despedazada en 94 artículos numerados, 11 derogados y 25 innumerados, que, en su conjunto constituyen un confuso desastre jurídico sin precedentes, que desregulan las actividades de la industria petrolera del Ecuador” (Política Petrolera Ecuatoriana, Siglo XXI, Foro de Opinión Petrolera Ecuatoriana (FOPEC), Quito-Ecuador, 2012).

Estos son los ejes principales que debió corregir el gobierno nacional desde el 24 de mayo de 2017, pero nada ha hecho hasta la actualidad y el señor Ministro de Hidrocarburos Carlos Pérez, nuevamente repite su discurso, que la empresa privada haga una refinería de petróleo en el lugar que le parezca, total irresponsabilidad de un “técnico petrolero”.

Lcdo. Henry Llanes Suárez

ASO-AJP-IESS PICHINCHA