La Ley que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional ya está vigente tras su publicación en el Registro Oficial el 1 de septiembre. La normativa permite la colaboración militar en seguridad interna sin necesidad de declarar un nuevo estado de excepción, aunque establece requisitos y controles.

El procedimiento contempla una solicitud motivada de la Policía, un informe técnico-militar, el pronunciamiento del Cosepe y un decreto presidencial. El apoyo podrá extenderse hasta 180 días, con una posible ampliación de 30 días.

Expertos destacan que la ley permitirá responder con mayor eficacia ante situaciones de seguridad y crisis carcelarias, además de mejorar la percepción de seguridad. Sin embargo, advierten que la intervención militar debe mantenerse como un mecanismo excepcional y respetar los derechos humanos y los límites constitucionales.

 

 

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