La nueva Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes entró en vigencia el 2 de octubre de 2026, tras su publicación en el Registro Oficial, Séptimo Suplemento.

La norma, aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre y sancionada por el presidente Daniel Noboa el 2 de octubre, reforma varios cuerpos legales para fortalecer la prevención, detección y respuesta frente a la utilización de menores por organizaciones criminales o estructuras armadas.

Uno de los principales cambios está en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de 22 a 26 años de prisión para quienes recluten, usen o utilicen a niñas, niños y adolescentes en conflictos armados o en la comisión de delitos.

La reforma también dispone investigaciones prioritarias y medidas reforzadas de protección para víctimas y testigos, incluyendo protección física, reubicación temporal y reserva de información personal.

En el Código de la Niñez y Adolescencia se incorporan definiciones sobre reclutamiento, uso y utilización de menores y se establece que no se considerará válido su consentimiento frente a estas conductas.

La normativa incluye además medidas para proteger a los menores en entornos digitales, entre ellas el bloqueo temporal de direcciones IP, dominios y URL que difundan contenidos destinados a promover su reclutamiento o utilización.

Los gobiernos locales también asumirán nuevas responsabilidades, como la conformación de mesas técnicas de seguridad, regulación de aforos en espectáculos públicos y recuperación de espacios ubicados alrededor de instituciones educativas.

La ley establece plazos para su aplicación. Los ministerios competentes tendrán 90 días para adecuar sus reglamentos, mientras que la autoridad de telecomunicaciones deberá emitir, dentro del mismo período, las regulaciones sobre bloqueo de contenidos. El ente rector del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia tendrá 180 días para desarrollar instrumentos relacionados con alertas tempranas y rutas de protección.

 

 

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