Opinión

«Notitia crimini»

Dr. Jorge Norero González/Guayaquil

Circula en las redes un comunicado de la Presidencia, suscrito tanto por el presidente LASSO, como del Secretario jurídico de la presidencia, dirigida a la Agente Fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional, de la Fiscalía General del Estado, solicitando el archivo de la investigación en contra de algunos Asambleístas, por considerar que el tiempo transcurrido y por no haberse efectuado diligencia alguna, (es lo que en mi entender yo deduzco) ….

Pero me viene a la mente y a mi preocupación, algo tremendamente grave, que no podemos tan fácilmente archivar y peor dejar de sancionar, porque de por medio está la vigencia del Estado de Derecho, la independencia de las Funciones del Estado y la no intromisión de ninguna función sobre otra, en el ejercicio de sus competencias y obligaciones…

Quienes hemos estudiado al derecho y sus fundamentos generales, sabemos que es inadmisible dejar en el archivo, hechos, situaciones, conductas, que producidas y conocidas de manera pública, constituyen una «noticia crimini» y por lo tanto de oficio le corresponde a La Fiscalía General del Estado, impulsar la acción penal en representación del Estado, investigar para luego instrumentar la instrucción penal correspondiente en contra de o los presuntos responsables de una infracción tipificada y sancionada por nuestro Código Orgánico Integral Penal, y acusar…

Resulta grave y en nada aclara y abona al estado de seguridad, que queden en la impunidad, denuncias graves que en su momento el Mandatario profirió en contra de la Asamblea y de algunos de sus miembros…

Era y es una obligación de la Fiscalía General del Estado, actuar de oficio en contra de esa denuncia pública, que después se fue reduciendo a sólo cinco Asambleístas.

Resulta temeraria y pudieron en su momento o en cualquier otra situación, provocar una conmoción social, aquellas declaraciones, y de la misma forma, confrontar irresponsablemente sin medir y pesar las declaraciones, cuando en una situación tensa y de alta confrontación, pudieran desembocar en conspiraciones, violencia, golpes de estado, etcétera.

Razón por lo cual, independiente de este desistimiento que solicita el presidente y su secretaria jurídica, la Fiscalía General del Estado, está en su obligación de continuar con las investigaciones y de acusar si encuentra los elementos de convicción para así proceder.

Semper Fi.