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Norero compraba jueces nacionales con USD 450.000 y «mujeres de buena apariencia», según la Fiscalía

Joyas, computadoras, dinero, departamentos y hasta mujeres ofrecían Leandro Norero y sus abogados para comprar a jueces en todo el país.

«Ya aquí, en el despacho del juez»; era 10 de septiembre de 2022. El abogado Helive Angulo, alias ‘Estimado’, le reportaba a su jefe, el narcotraficante Leandro Norero, que estaba en un despacho de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) negociando un habeas corpus a favor de sus hermanos.

El mensaje fue acompañado de una selfie en el despacho. De fondo, en la fotografía, se observa un librero. Y en ese estante, un libro con la leyenda: «Wilman Terán, libro civil y familia».

Ese mensaje y la imagen fueron encontrados por la Fiscalía en uno de los celulares que Norero, conocido con el alias de ‘El Patrón’, dejó en la cárcel de Latacunga. El capo fue asesinado en octubre de 2022, en esa prisión. Ahora, ese y otros miles de mensajes, son la principal evidencia que la Fiscalía General presentó para procesar a 31 personas por delincuencia organizada.

En la lista de los procesados está Wilman Terán, actual presidente del Consejo de la Judicatura, que en esa época era juez nacional.

El habeas corpus fallido en Cotopaxi

Norero fue detenido en mayo de 2022, en Samborondón. Pero fue trasladado a Latacunga. Desde esa prisión, según la Fiscalía, seguía manejando su negocio de drogas y ejerciendo presión en funcionarios judiciales para lograr impunidad.

Tras su arresto, ‘El Patrón’ y varios miembros de su familia fueron procesados por lavado de activos y a todos se les dictó prisión preventiva. Por esta razón, el narcotraficante empezó a reclutar servidores judiciales para sacar de la prisión a sus familiares. Una de sus estrategias era sacar a sus hermanos Israel Willian Norero Tigua y Johanna Maribel Zambrano Tigua a través de habeas corpus.

Cinco recursos fueron presentados en simultáneo en distintas unidades del país. La mayoría de esos habeas corpus eran distracción. El plan real era obtener la liberación en Cotopaxi. Para esto sobornaron a Santiago Zumba y José Luis Segovia, jueces de esa jurisdicción.

El plan era que los magistrados fallen a favor sobre la bases de supuestos problemas médicos de los hermanos de Norero. Pero esto no se pudo concretar. En un mensaje, uno de los colaboradores de Norero le informó que la audiencia se difirió porque sus abogados no argumentaron bien, ya que no tenían el informe médico necesario. El recurso fue aceptado parcialmente.

Al frente del grupo de abogados de Norero estaba Christian Romero, quien hoy está prófugo por el caso Metástasis, como la Fiscalía ha calificado a este caso de corrupción y narcotráfico.

Tras el fallo en el plan original, Norero reclamó a Romero por la falta de argumentación. Y le ordenó que les pida a los jueces que devuelvan el dinero. Alias ‘Estimado’ escribió en un chat grupal que les habían hecho varios pagos por USD 10.000, USD 40.000 y USD 70.000.

450 abdominales para los jueces nacionales

Debido al fracaso en Cotopaxi y el regaño de Norero, los abogados buscaron una nueva estrategia. Y pusieron sus ojos en la Corte Nacional para que se apruebe un habeas corpus a través de un recurso extraordinario. Alias ‘Estimado’ acudió Alex Palacios, quien era subcoordinador jurídico de la Corte Nacional y cercano a Wilman Terán.

En la actualidad trabaja como director en la Judicatura dirigida por Terán. En un chat, alias ‘Estimado’ le explicó a Norero que tienen comprometidos a varios jueces nacionales, porque cuando han ido a Manta «les han dado buen trato entreteniéndoles con mujeres de buena presencia».

Entre los jueces que mencionó Angulo estaba Byron Guillén, juez de la sala penal de la CNJ. Si bien no está procesado en el caso, la Fiscalía allanó su despacho. Guillén está fuera del país y no se ha pronunciado al respecto.

Además, Angulo mencionó a otro juez conocido como ‘El Diablo’, que sería muy allegado al abogado Christian Romero. Ese magistrado, según la Fiscalía, es Wilman Terán. «El habeas corpus en la Corte Nacional está asegurado con jueces como Byron Guillén y Walter Macías, que son personas fáciles de llegar a través de mujeres de buena presencia», decía Angulo, alias ‘Estimado’, para convencer a Norero.

Incluso, las conversaciones con los jueces nacionales habrían empezado antes de que el recurso se niegue en Latacunga. Angulo habría pedido a Guillén que revise el caso y que le prepare un borrador de sentencia. Pero, tras el fracaso, decidieron ir por la Corte Nacional. Ahí se conformó un tribunal que tenía como uno de sus integrantes al juez Roberto Guzmán. Sobre Guzmán, Romero le decía a Norero que no había forma de llegar a través de Terán.

«Solo de repente es bueno hacerle conocer, jefe, que el doctor Roberto Guzmán, que es otro juez del tribunal, no le copia al doctor Wilman Terán, a él le llega a través del doctor Luis Rivera», recomendaba Romero y le compartía al narco los contactos de los jueces Rivera y Terán. Mientras tanto, Helive Angulo continuaba con la negociación con Álex Palacios.

¿Cómo sería el ejercicio? ¿Cómo se dividen los 450 abdominales? Preguntaba el abogado de Norero. Y Palacios respondía que 150 abdominales para cada juez. La fiscal Diana Salazar aseguró en la audiencia de formulación de cargos que esa es jerga criminal. Y que con abdominales, Angulo y Palacios, se referían a miles de dólares. Al final, ese habeas corpus no se concretó. Semanas después Norero fue asesinado.

Un departamento para que el juez se ‘suicide’

Si bien Norero y sus aliados utilizaban una aplicación de mensajería encriptada para evitar filtraciones, se cuidaban usando palabras en clave para referirse al pago de sobornos, las órdenes de atentados y otras acciones criminales.

Por ejemplo, estos sujetos se referían a los jueces y fiscales que aceptaban sus sobornos como «suicidas». Según Salazar, con esto se referían que, al aceptar el pago también aceptaban que tarde o temprano sus carreras acabarían y serían procesados penalmente. Uno de los jueces a los que llamaban suicidas era Ronald Guerrero.

Este juez del Guayas estuvo a cargo del caso de lavado de activos. Aceptó, de manera irregular, cambiar el rol de los hermanos y la viuda de Norero de autores a cómplices, pensando en una condena más leve. Pero, Norero quería ir más allá. El capo instruyó a sus abogados que pidieran a Guerrero que se ‘suicide’ devolviéndole la libertad.

Y que a cambio le entregaría un departamento en Salinas, que tenía garaje privado, bodega y estaba cerca de la playa. Además, cuando las autoridades detuvieron a Norero en Samborondón, se encontraron armas y municiones. A la par, el narco fue procesado por tráfico de armas. Pero, sus abogados buscaron que el caso se reformule por tenencia ilegal, que tiene una pena menor.

En este caso, la responsabilidad recaía en la Fiscalía. Por eso buscaron a María José Aguirre, fiscal a cargo del caso. Una cadena marca Cartier, valorada en USD 8.000, fue el costo para que la funcionaria reformule el caso por un delito menor. Pero eso no quedó ahí. Ese cambio también facultó a los abogados a pedir que se anule la prisión preventiva en contra de Norero.

Para esto, en cambio, incluyeron en la nómina a la jueza Glenda Ortega. Por USD 3.000, según la Fiscalía, Ortega eliminó esa orden de prisión. Sin embargo, Norero no pudo salir, ya que todavía tenía otro orden de prisión preventiva por el caso por lavado de activos, que no logró que lo revoquen hasta que lo mataron.

Fuente:  PRIMICIAS