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Nombramientos de funcionarios reabren debate sobre los conflictos de intereses en la administración pública

Nombramientos de funcionarios de los últimos dos gobiernos, obliga a precisar la normativa y mejorar los mecanismos para la revisión de los impedimentos para ejercer cargos en la administración pública.

 

Un informe de la Contraloría General del Estado (CGE) puso en revisión los nombramientos del exsecretario General de la Administración Pública y Gabinete, Sebastián Corral, y del actual ministro del Deporte, Andrés Guschmer, quienes al ser accionistas de un medio de comunicación estarían impedidos de formar parte del Gobierno Nacional.

En el informe de la CGE se detalla que la Constitución en su artículo 152, numeral 2, establece la prohibición de formar parte de la administración pública a personas sean propietarias o miembros del directorio de personas jurídicas que mantengan contratos con el Estado ecuatoriano.

Textualmente, el articulado señala que: No podrán ser ministras o ministros de Estado: … 2. Las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que mantengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual.

Tanto Corral como Guschmer figuran en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, como accionistas de un canal de televisión, lo que los convierte en parte de los propietarios de la empresa.

En el caso del ministro de Deportes, la página del Ministerio del Trabajo habría cambiado el estatus de impedimento del funcionario. En su cuenta en ‘X’, el funcionario indicó que se presentaría en la CGE para solicitar que se revisen sus credenciales y atender las recomendaciones que le realice la entidad.

Para los expertos consultados por LA HORA, la normativa establecida en la Constitución, aunque debería ser más precisa, busca evitar que existan conflictos de intereses entre los funcionarios públicos y las empresas de las que pudieran ser propietarios.

Cumplir la normativa

Roberto Manciati, experto en temas televisivos e integrante de la Asociación de Canales Locales, fue tajante al manifestar que dentro de la legislación y los contratos para el uso de las frecuencias radiales y televisivas, existen un importante número de cláusulas que deben cumplirse.

Nosotros debemos, por obvias razones, cumplir y, efectivamente, en el caso de los dos caballeros, el uno con la CGE y el otro con el Ministerio de Trabajo, deben cumplir la normativa, más allá de que sea el uno concesionario o representante legal y el otro como se ha visto accionista de una concesionaria de una frecuencia”, apuntó.

Manciati dejó claro que “hay normativas muy claras que a uno le obligan y nosotros como concesionarios de frecuencias o representantes de medios, conocemos hasta dónde podemos llegar como medios de comunicación privados”.

Acotó que al firmar los contratos de concesión de una frecuencia o de un canal televisivo se aceptan las limitaciones que existen en las leyes. “Hay ciertas acciones que uno no puede ejecutar”.

Puntualizó que esta acción no puede considerarse un ataque a los medios de comunicación, sino que “es el funcionario que cuando aceptó la condición de funcionario público. Ellos sabían a que se atenían cuando aceptaron esa condición”.

Lamentó que no se haya realizado una verificación correcta de los impedimentos en cada caso.

Manciati puntualizó que de 2007 a 2017 se utilizaron diversos instrumentos para atacar a los medios de comunicación. “Eso ha afectado al día de hoy al periodismo ecuatoriano, a los medios de comunicación y a la sociedad, pero los medios hacemos todo lo posible por informar de la mejor manera y más transparente”.

Conflictos de intereses

El director de Fundamedios, César Ricaurte, destacó que la normativa que prohíbe la vinculación de accionistas y directivos de empresas en cargos gubernamentales, busca evitar los conflictos de intereses. También indicó que el país debería iniciar un debate sobre la ética de los funcionarios.

“La prohibición que plantea la Constitución y la Ley es previendo que pudiera haber determinados conflictos de intereses entre funcionarios que tienen contratos con el Estado y ocupan un cargo público”, expuso.

Desde su punto de vista, un empresario que tiene contratos con el Estado no debe al mismo tiempo ser el ministro de la cartera que maneja los temas vinculados al sector de su empresa. “Hay, evidentemente, una situación de conflicto de intereses que es justamente lo que se quiere evitar”.

En este sentido, apuntó que la situación de Sebastián Corral debe ser revisada, pues al tener a cargo la secretaría de Administración Pública y de Gabinete, pudo existir un conflicto de intereses al firmar el nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación.

Ricaurte, consideró “se debería hacer más precisa la normativa, para que funcione como debe ser; es decir, que se eviten conflictos de intereses entre funcionarios públicos y la actividad económica que pueden desarrollar en determinado momento en la empresa privada”.

Dejó claro que debe abrirse un debate sobre la ética de los funcionarios públicos, “esto debería ser una discusión sobre ética pública, para que los funcionarios que tienen conflictos de intereses se aparten”. (ILS)

Renovación de las concesiones sigue pendiente

En otro aspecto, Roberto Manciati, hizo un llamado al Gobierno del presidente Daniel Noboa para que retome los procedimientos para la renovación de las concesiones televisivas y frecuencias de radio que quedaron pendientes en el Gobierno de Guillermo Lasso.

Hay muchos medios de comunicación que están, en este momento con las frecuencias en procesos extendidos y el gobierno actual dijo que lo iba a hacer. Esperemos que lo cumpla”, destacó.

Para el integrante de la Asociación de Canales Locales, es importante “que los medios de comunicación estemos con la tranquilidad de tener una frecuencia en legal uso”.

Advirtió que las concesiones y frecuencias que se encuentran vencidas en este momento, es por “ineficiencia” del Estado. “Lo importante sería saber cuándo se va a dar este proceso del concurso de las frecuencias, para completar a las radios que faltan y culminar con todo lo que tiene que ver la televisión”, recalcó Roberto Manciati.

Por:  Diario la HORA