Economía

No es posible privatizar las empresas eléctricas de Azuay, dice Albornoz

El remate de las empresas eléctricas del Azuay constituye una infracción a la Constitución de del Ecuador, según el ministro.

AZUAY. Es ilegal e inconstitucional la pretensión del prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, de vender acciones de las empresas eléctricas Centro Sur y Elecaustro, tomando en cuenta que las acciones de estas empresas no son de libre disponibilidad, por ello, sostuvo que no es posible su privatización, así lo manifestó el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, ante la Comisión de Desarrollo Económico.

El paquete accionario asciende a $27 millones, que según la Prefectura serán utilizados en obras viales en los 15 cantones azuayos. Las acciones pretenden ser vendidas por la Prefectura a través de un remate público que fue convocado el 27 del mes pasado.

Ante ello, el ministro Albornoz recordó que la Constitución, la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica determinan los aspectos normativos que rigen el proceso de venta de acciones, además establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos.

Según el ministro, el prefecto de Azuay no entiende que está administrando fondos públicos y querer privatizar las empresas eléctricas constituye una clara infracción a la Constitución y a la ley, ya que la Ley Eléctrica determina con claridad el destino y procedimiento para la adquisición y venta de las acciones que mantengan los gobiernos autónomos descentralizados dentro de las empresas del sector eléctrico.

De su lado, Antonio Borrero representante de la empresa Elecaustro, dijo que la empresa ha sido administrada de manera eficiente lo cual ha permitido su solvencia. El gobierno provincial del Azuay tiene el 18% de las acciones, es decir, $22 millones.

Por su parte, Francisco Carrasco, de la empresa Centro Sur precisó que los $27 millones 700 mil que tiene el gobierno provincial del Azuay en acciones han sido fondos provenientes de los centros de distribución. Al momento realizan trabajos con normalidad que les ha permitido tener utilidad operativa.

Entre tanto, la asambleísta Mariangel Muñoz, representante de la provincia del Azuay, señaló que las acciones del prefecto son ilegales y desde la Comisión de Desarrollo se debe vigilar que se cumplan las leyes.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Juan Carlos Cassinelli dijo estar sorprendido y no entender la pretensión de rematar las acciones de las empresas eléctricas del Azuay. La ley Eléctrica no dispone esta acción, aclaró.

La legisladora Soledad Buendía, al rechazar esta propuesta, advirtió que se podría configura posibles delitos, por tanto, en primera instancia la Contraloría deberá actuar de manera inmediata y posteriormente la Fiscalía.

Mientras que en entrevista a radio La Voz Tomebamba, Paúl Carrasco, el Prefecto del Azuay, manifestó que “no permitirá” que “le roben las acciones de las empresas de mi provincia”, en alusión al interés de Carrasco, de vender las acciones de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur y de Elecaustro. (DO/Asamblea Nacional)