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No es la primera vez que la familia de Daniel Noboa está envuelta en conflictos de tierras

El caso del Esterillo Oloncito, que implica al círculo íntimo del presidente Daniel Noboa, con el proyecto inmobiliario, respaldado por la empresa de Lavinia Valbonesi, la primera dama, trae a la memoria otro caso que involucró al padre del presidente, Álvaro Noboa, a finales de los años 80.

Una disputa que perduró durante años, con ciertas similitudes, como el caso de la comuna de Olón, no es un fenómeno aislado entre otros actores de la costa ecuatoriana. Aquí los detalles.

Comuna Engabao y la empresa Vimare: 30 años de litigio

Antes de describir el caso, es importante dar un paso atrás, y poner en contexto la relevancia de las comunas ancestrales en Ecuador. Estas comunidades están reconocidas en el artículo 56 de la Constitución, que establece una serie de derechos fundamentales, incluyendo la consulta, la no discriminación, la conservación de tierras, y diversidad cultural, entre otros.

Contrario a la creencia común, no se limitan a la Amazonía o la Sierra. En la costa ecuatoriana, específicamente en Santa Elena y Guayas, se encuentran más de 60 comunas ancestrales.

La comuna de Engabao, situada en el cantón Playas, marca el inicio de la historia que involucra a los Noboa. Los problemas comenzaron en 1986, pero se intensificaron el 12 de julio de 1992. Según señala Valeska Chiriboga, politóloga y miembro del equipo de investigación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), fue entonces cuando los comuneros presentaron la primera denuncia ante el CDH por la presencia de la empresa Viviendas Masivas Ecuatorianas Vimare S.A.

Esta empresa, dedicada a actividades inmobiliarias, según la Superintendencia de Compañías (Supercías), tuvo como uno de sus socios fundadores al empresario Álvaro Noboa Pontón, padre del presidente. Aunque ya no figura como propietario, su hijo Santiago David Noboa es actual accionista mayoritario.

Chiriboga, quien ha investigado este caso a profundidad y que fue publicado en un informe del CDH en 2021, detalla que en 1992 la empresa «intercedió y se tomó hectáreas de tierra para construir proyectos turísticos». El Grupo Noboa sostuvo que las tierras estaban bajo su propiedad según sus escritura durante más de 35 años.

Esta acción desencadenó un levantamiento por parte de los líderes de Engabao en defensa de su territorio, describe Chiriboga, «como sucede en Olón ahorita, hubo apoyo de los policías y militares a la empresa, no a los comuneros».

Imagen de comuneros en un plantón en la comuna de Engabao.

Imagen de comuneros en un plantón en la comuna de Engabao. )

En esos días, los comuneros denunciaron que el Ministerio de Agricultura (Magap) reconoció «la personería jurídica de la comuna y la posesión de los terrenos», según un reportaje del diario El Universo con fecha del 26 de agosto de 1992, citado en el estudio del CDH.

En esa disputa pasaron 23 años, Chiriboga asegura que «hubo varios líderes comuneros que estuvieron apresados y demandados por invasión a propiedad privada».

 

No fue hasta el 13 de enero de 2014 cuando la Subsecretaría de Tierras, perteneciente al Ministerio de Agricultura, emitió una resolución que prohibía a terceros tomar posesión de las tierras de la comuna. Sin embargo, un año más tarde, el 28 de enero de 2015, la misma entidad revocó esta decisión y aceptó las excepciones presentadas por Vimare, reconociendo la validez de sus títulos de propiedad.

Sin embargo, hubo otro revés. Un mes después, el 19 de febrero de 2015, la entidad se retractó y decidió suspender la resolución emitida el 28 de enero.

La disputa continuó tras una represión policial, el conflicto de tierras en Engabao se intensificó. Según detalla la investigación del CDH, los comuneros del Puerto de Engabao respondieron quemando siete casas de madera construidas por la empresa Vimare en terrenos comunales, además de derribar un muro que los separaba del mar.

En un comunicado emitido en septiembre de ese año, Álvaro Noboa reafirmó su posición, insistiendo en que las 385 hectáreas de las haciendas Merceditas 1 y 2 eran de su propiedad. Además, señaló que se trataba de una persecución política dirigida contra el Grupo Noboa. En ese momento, Rafael Correa ocupaba la presidencia del país.

Finalmente, el 23 de noviembre de 2016, la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas emitió una sentencia que reconocía los derechos ancestrales de la Comuna Engabao, sobre un territorio que abarcaba 7 427 hectáreas.

Una problemática extendida

Chiriboga menciona que los largos litigios son una característica común de estos casos, «las empresas utilizan muchas artimañas judiciales para poder desincentivar que líderes comuneros puedan seguir defendiendo su territorio».

En ese sentido, se destacan otros casos emblemáticos que no implica a la familia del presidente. Uno de ellos es la larga lucha desde 1997 de los comuneros de Valdivia, en Santa Elena, por la recuperación de 267 hectáreas en contra de la empresa Marfragata S.A. Al igual que Engabao implicó un extenso litigio.

Aunque en Ecuador no existe un registro del número de empresas que están asentadas en zonas comunales, el estudio realizado en 2021 por el CDH expone más de 25 000 hectáreas de tierras comunales en las provincias de Santa Elena y Guayas han sido objeto de invasiones, ventas ilegales y conflictos relacionados con la usurpación, según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería citados en el informe.

«Es una problemática sistemática, generalizada y que tiene las mismas características en la Costa ecuatoriana, en concreto, en Guayas y Santa Elena», dice Valeska

Fuente:  Ecuavisa