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Otra vez pugnas en el Cpccs: están en juego las designaciones de vocales de la Judicatura y del próximo Fiscal

Se ha vuelto costumbre que al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) haya pugnas y disputas para ocupar la Presidencia.

Ocurrió en administraciones anteriores y ahora vuelve a pasar. En esta ocasión, la consejera Nicole Bonifaz busca recuperar la titularidad de la institución con una acción de protección.

Ayer, 30 de mayo de 2024, se desarrolló la audiencia ante un tribunal en Quitumbe, al sur de la capital, por la supuesta vulneración de derechos, efectuada por el actual presidente del Cpccs, Andrés Fantoni; la vicepresidenta Mishelle Calvache; y los consejeros Juan Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto, el pasado 3 de abril de 2024, cuando aprobaron la remoción de Bonifaz del cargo.

Sin embargo, los jueces suspendieron la audiencia y el dictamen se conocerá en la próxima convocatoria, que todavía no tiene fecha.

Este nuevo episodio se da en medio de señalamientos por supuestos intereses políticos detrás de la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, la próxima designación del nuevo Fiscal General del Estado (FGE) y los demás concursos que lleva adelante el Cpccs.

La mayoría del Cpccs dice que hay presiones políticas para influir en concursos claves

Según Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación, hay preiones políticas por «tomarse el Cpccs y así influir en concursos de autoridades». Lo dijo en un video publicado en sus redes sociales, ayer, 30 de mayo, junto a las consejeras Calvache y Verdezoto. A ellos se suma Juan Esteban Guarderas, quien no apareció en el clip, pero respalda esa postura

Los cuatro conforman una mayoría en la institución, en constante contraposición a Bonifaz, Augusto Verduga y Yadira Saltos, los dos últimos se han identificado con la Revolución Ciudadana de manera abierta; mientras que, Bonifaz fue asesora del despacho de José Serrano, exministro de Rafael Correa, cuando presidió la Asamblea Nacional en 2017.

En entrevista con Ecuavisa.com, Calvache dice que quedó evidenciado que Bonifaz es parte del grupo de consejeros correístas, cuando Verduga y Saltos, junto con el expresidente del Cpccs destituido, Alembert Vera, le dieron su voto para que sea vicepresidenta.

De ahí se desprende la sospecha de que desde esa fuerza política se intenta tomar la Presidencia del Cpccs.

Sin embargo, ¿por qué concluyen que el interés está en la designación del próximo Fiscal y de los vocales del Consejo de la Judicatura?

Calvache dice que por la relevancia de ambas instituciones en el sistema de justicia.

El primer concurso no se ha convocado todavía, pero debe concretarse hasta abril de 2025, cuando Diana Salazar acabe su periodo. Para los miembros de la Judicatura, en cambio, ya se revisan los requisitos de las ternas presentadas para reemplazar al titular, un vocal principal y todos los suplentes.

A esos concursos se suman otros. Por ejemplo, el de la Defensoría Pública que quedó en el aire luego de que Daniel Frías renunciara al concurso. Este 30 de mayo se convocó a una sesión extraordinaria para conocer el informe jurídico que respondía a la consulta de cómo proceder con el trámite.

También está pendiente la renovación total del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ecuavisa.com intentó contactar a Nicole Bonifaz para consultarle si hubo presiones políticas alrededor de la acción de protección, pero no hubo respuesta.

¿Cabe una acción de protección en este caso?

El cuestionamiento de Fantoni y sus aliados, a la acción de protección presentada por Bonifaz, radica en que tardó más 40 días en activar el mecanismo.

«No se presentó inmediatamente esta acción de protección, se presentó después de 11 sesiones del pleno, en las que participó como consejera», asegura la vicepresidenta Calvache.

La vicepresidenta del Cpccs dice que se presenta el recurso en este momento porque se activaron los concursos que durante su administración no prosperaron.

Sin embargo, la abogada constitucionalista, Ximena Ron, explica que no hay plazos para ese procedimiento, aunque aclara que la Corte Constitucional ya ha explicado que no debe recurrirse a una garantía jurisdiccional cuando se trata de que un ciudadano pierda un cargo, porque no es un derecho constitucional el que se ve afectado

A Ron no le sorprendería que los jueces acojan el pedido de acción de protección, porque se ha utilizado recurrentemente ese recurso para temas políticos. Cualquiera que sea la decisión todavía se podría apelar, aunque es de inmediato cumplimiento.

La presidencia del Cpccs tiene control de la Coordinación Jurídica de la entidad y desde ese cargo se puede manejar los tiempos. Sin embargo, sin contar con la mayoría, es complejo manejar la titularidad.

Fuente:  Ecuavisa