El pasado 11 de marzo, durante una conferencia sobre seguridad en la frontera en San Antonio, Texas, el director de compras de la policía de fronteras, Mark Borkowski, puso una diapositiva reveladora. Borkowski estaba relatando cómo en las últimas décadas se había invertido en tecnología, vallado y despliegue de policías en California, Arizona y Texas, y en general las llegadas de inmigrantes irregulares han variado hacia arriba o hacia abajo. Hasta noviembre de 2016. “Me pregunto qué paso en noviembre…”, decía Borkowski, mientras entre el público, formado por profesionales de la seguridad, se oían risitas.
En noviembre fueron detenidas 66.363 personas intentando cruzar la frontera ilegalmente. En diciembre fueron 58.431. Pero además hubo una reducción de diciembre a enero, y en febrero, y en marzo. “En toda la historia de las estadísticas de la Patrulla Fronteriza, desde los años 50, es la primera vez que hemos visto pasar esto”. Nunca había bajado el número de detenciones entre enero y marzo. “Me preguntó qué fue lo que pasó en enero…”, volvió a bromear Borkowski.
El número de detenciones no es el único indicador para saber si está viniendo menos gente de forma ilegal a Estados Unidos. Pero si hay que fijarse en uno, es el más significativo. Además, explicó Borkowski, hay otros detalles que los profesionales pueden observar. Por ejemplo, si en un lugar suele haber huellas de caminantes y de pronto deja de haberlas.
Para los profesionales de la seguridad, es evidente que la victoria de Donald Trump, por sí misma, ha hecho la frontera más segura. El muro de desprecio está funcionando. Las órdenes ejecutivas del 25 de enero mandaban iniciar la construcción de un muro, contratar miles de agentes para detener inmigrantes, buscar la colaboración de las policías locales e impedir cualquier entrada irregular. De todo esto, solo se ha cumplido lo último.
Ronald Vitiello, jefe de la policía de fronteras, dijo en la misma conferencia que la política de detener y soltar en función de la peligrosidad del individuo “incentivaba a venir”. La nueva orden es que nadie saldrá de la detención hasta que sea juzgado y deportado. El fiscal general, Jeff Sessions, anunció junto a la valle de Nogales una movilización sin precedentes de fiscales y jueces para agilizar el proceso. Los números indican que ha sido suficiente para que Donald Trump se apunte como un éxito de sus primeros 100 días la reducción histórica en inmigración.
El otro frente de esas órdenes ejecutivas es deportar a los aproximadamente 11 millones de sin papeles que viven en Estados Unidos, una cifra inmanejable después de 30 años con el camino a la regularización bloqueado. Las cifras indican que Trump y Sessions no han deportado a más gente que en el año más duro de Barack Obama. Pero han deportado a más gente normal, que no tenía problemas con la ley y que hasta ahora pensaban que con evitar a la policía podían vivir tranquilos.
La policía de fronteras no tiene capacidad para deportaciones masivas (de ahí la polémica con las ciudades santuario, que se niegan a ayudar en esta tarea). Pero han bastado unos cuantos casos aislados para trasladar la sensación de que nadie está a salvo: una madre de tres hijos ciudadanos en Arizona, otra madre en Ohio, tres dreamers que en principio estaban legalmente protegidos, un hombre que acababa de dejar a su hija en el colegio… Lo impensable es real, el temor es real, hasta el punto de que la policía de Los Ángeles asegura que se están denunciando menos crímenes porque hay toda una población que empieza a tener miedo de dar sus datos a cualquier autoridad.
Recientemente, un alto funcionario mexicano confesaba que su temor es que todo el aparato propagandístico de Trump y Sessions, prácticamente imposible de poner en marcha en la práctica, tuviera en realidad un objetivo: la auto deportación de las personas. Que la gente llegue a la conclusión de que no le merece la pena vivir así, igual que aparentemente miles han llegado a la conclusión de que no merece la pena arriesgarse a viajar a Estados Unidos. El muro de miedo ya está funcionando. (EL PAÍS/LA NACIÓN )
