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Ministro del Interior cree que pedido de juicio político pretende ‘paralizar’ a la Policía

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, consideró que con el pedido de juicio político que impulsan en su contra asambleístas del correísmo (Unes) y del ala radical de Pachakutik (PK) se busca paralizar a la Policía, tras las protestas de junio de 2022.

“El mensaje no es para la persona. La persona no hace la política pública, el funcionario es uno solo, el mensaje es para la Policía y me parece que lo que están pretendiendo es paralizar una institución que debe garantizar y tutelar derechos y libertades”, dijo.

La solicitud fue presentada el pasado 21 de julio por los asambleístas Jahaira Urresta (Unes) y Peter Calo (PK), con 57 firmas de respaldo. Ellos acusan a Carrillo de un supuesto abuso de la fuerza en las pasadas protestas y de incumplir sus funciones respecto a la seguridad ciudadana.

Carrillo declaró a la prensa este 30 de julio que no le preocupa si su suerte estaría echada en la Asamblea, que es controlada por la oposición al Gobierno. “Para nada. Esto es tan flexible y yo me quedo, más bien, con la confianza y credibilidad de los ciudadanos”, aseveró.

Sin embargo, insistió en que “es un asunto que a futuro tendrá unas consecuencias. Ojalá la memoria no sea tan frágil porque parte lo que estamos viviendo ahora es esta imposibilidad de gobernanza que se practica ya como un mecanismo de democracia en el Ecuador”.

Etapas
El martes 25 de julio el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) dispuso a la Unidad Técnica Legislativa que presente un informe sobre el cumplimiento de requisitos. El organismo sesionará en los próximos días para resolver si se inicia el trámite.

Otro pedido de juicio político presentado por Ricardo Vanegas y Rafael Lucero, de Pachakutik, en contra de la exministra de Salud, Ximena Garzón, no fue calificado a trámite el viernes pasado por incumplir requisitos e inconsistencias en las firmas de respaldo.

Al momento, la Comisión de Fiscalización avanza en la sustanciación de un pedido de interpelación contra el Consejo de la Judicatura, impulsado desde la bancada de Unes por Viviana Veloz y Fausto Jarrín, quien renunció al cargo de legislador.

 

 

El Comercio