Por: Cmte. Raúl Hidalgo Zambrano/Guayaquil.

 

El 29 de junio de 2026, en la ciudad de Quito capital del Ecuador, se produjo un atentado terrorista con explosivos contra la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que evidenció la intimidación a sus autoridades en su lugar de trabajo. Así, las organizaciones armadas criminales (OAC) desafían impunes al Estado, a la justicia y al control militar y policial. Es posible que se hayan usado explosivos de la minería ilegal contra los edificios del gobierno. Este atentado contribuye a normalizar la situación de violencia que vivimos. Ojalá no se transforme solo en una noticia de intensidad pasajera.

Desde enero del 2024, mediante el decreto ejecutivo 111 y el actualizado decreto 423 de junio de 2026, estamos atravesando un conflicto armado interno contra las OAC autodenominadas: Los Lobos, Choneros, Chone Keller y otros. Estos grupos han sembrado y siguen sembrando la violencia extrema demostrada por los más altos índices de homicidios con relación a los países latinoamericanos. Efectúan actividades ilegales como el narcotráfico, minería ilegal, contrabando de armas y demás, que les producen grandes cantidades de dinero para pagar sicarios y a ciertas autoridades de las instituciones del Estado como las de seguridad, control de la minería, judicial, legislativa y personas de la sociedad civil; diversos casos han salido a la luz pública.

Diversos medios de comunicación informaron que el atentado con explosivos contra la ARCOM también causó daños en el edificio del MAG; además, que las autoridades interpretaron como un acto de intimidación dirigido a frenar la intensa ofensiva estatal contra la minería ilegal. Que en las primeras investigaciones policiales se hallaron indicios en la escena, entre ellos un vehículo incinerado. Que es clara la política, estrategia y táctica que está ejecutando el gobierno para desalojar las minas ilegales con el empleo de la fuerza militar, uso de artillería con munición real y la destrucción de maquinaria que se encuentra en el área.

Si bien es verdad que el gobierno está empleando la fuerza militar contra la minería ilegal, los resultados son relativos, pues los mineros ilegales se desplazan a otras zonas o retornan una vez que los militares salen del área; algo similar al clásico juego del gato y el ratón. También se observa una débil política minera para desarrollar una minería legal y una cuestionada acción de regulación y control. Asimismo, se aprecia que los mineros ilegales disponen de recursos económicos que les permiten activarse en cualquier lugar. Está claro que el dinero proviene de las actividades ilegales sostenidas con acciones violentas de sicarios y terroristas que contribuyen a normalizar la vida diaria de la nación.

Los explosivos usados contra la ARCOM podrían tener el mismo origen de los usados por la minería ilegal. Lo cierto es que, si no se llega a los autores y causas del atentado terrorista y triunfa la impunidad, entonces este hecho pasará a reforzar la crítica y peligrosa percepción de normalidad y adaptación social ante el alto grado de violencia que estamos viviendo. ¡No al terrorismo!