Por: Yovana Cárdenas Lino
Desde Lima, Perú, para La Nación de Guayaquil, Ecuador.

 

Los recientes resultados del INEI sobre la pobreza en el Perú reflejan una realidad preocupante que ningún sector político debería minimizar. Mientras algunos medios destacan que la pobreza monetaria se redujo por segundo año consecutivo, otros recuerdan que aún existen 8.8 millones de peruanos viviendo en pobreza y más de 11 millones en riesgo de caer en ella. Esta cifra no solo evidencia la fragilidad económica de millones de familias, sino también la enorme deuda social que el Estado mantiene con el país.

La realidad peruana demuestra que, aunque existen señales de recuperación económica, gran parte de la población continúa sobreviviendo en medio de la informalidad, el desempleo y el alto costo de vida. Por ello, el verdadero desafío para el próximo gobierno será enfrentar con seriedad y políticas sostenibles una pobreza que sigue golpeando profundamente al Perú.

En ese contexto, resulta necesario recordar que los verdaderos enemigos del país no son los peruanos que piensan distinto. Los grandes enemigos nacionales siguen siendo la pobreza, la corrupción y la ignorancia. Contra esos males deberíamos unir esfuerzos como sociedad, promoviendo educación, honestidad y oportunidades para todos.

Sin embargo, mientras millones de ciudadanos esperan soluciones reales a sus problemas cotidianos, ciertos sectores políticos buscan instalar discursos peligrosos para desacreditar el proceso democrático cuando los resultados no les favorecen. Las elecciones del 2026 en el Perú se han desarrollado con normalidad, más allá de algunos aspectos que fueron superados. Aun así, persisten intentos irresponsables de sembrar dudas sobre la legitimidad del voto ciudadano.

Resultan lamentables las declaraciones de Rafael López Aliaga, quien insiste en desconocer resultados y hasta afirmar que se tiene que anular cerca de 4.500 actas de la serie 900 000 porque “esa gente no existe”. Aliaga concentra apoyo en Lima Metropolitana y no ha logrado ganar otra región del país, pero aun así intenta empujar el debate hacia la radicalización y el enfrentamiento. Se trata de un discurso cargado de clasismo y desprecio hacia miles de peruanos, especialmente de las zonas rurales y populares, cuyos votos tienen el mismo valor que cualquier otro ciudadano.

Ese voto rural y popular, encontró representación en el 2021 con Pedro Castillo y hoy vuelve a expresarse políticamente a través de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. Por ello preocupa que, en medio de la disputa por llegar a una segunda vuelta, se intenten instalar delirios y sospechas contra el voto rural, como si la participación de millones de peruanos del interior del país tuviera menos legitimidad que la de Lima Metropolitana.

La democracia no puede sostenerse sobre discursos que buscan invisibilizar a quienes históricamente fueron excluidos. El voto del Perú profundo existe, cuenta y merece respeto. El Perú necesita menos odio y confrontación, y más unidad para enfrentar los verdaderos problemas nacionales: la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades que afectan diariamente a millones de familias peruanas.