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Migrantes entregaron aportes a la Ley de Movilidad Humana

La situación de niños y adolescentes que salen del país, enfoque de género, eliminación de tramitología para acceder a créditos, comunicación más ágil sobre programas y proyectos, entre otros temas, fueron tratados.

GUAYAQUIL. Con la petición de una mayor y ágil comunicación de los programas, proyectos, ayudas que impulsa la Cancillería para la comunidad migrante y la definición del refugiado como lo establece la Declaración de Cartagena, se efectuó la socialización del proyecto de Movilidad Humana en Guayaquil, con la presencia de las asambleístas María Soledad Vela, Verónica Rodríguez y la participación de personas que han retornado al Ecuador, familiares de migrantes y extranjeros radicados en el país.

“La propuesta busca unificar algunas leyes que datan de 1970, como migración, extranjería, documentos de viaje, naturalización, entre otros”, manifestó Rodríguez al destacar que las provincias que tienen mayor comunidad de migrantes retornados son Pichincha con aproximadamente 18.465; Guayas 10.000 (en los últimos cinco años) y Azuay.

Para ello, la comunidad migrante escogía países para ir como España, Estados Unidos, Italia, Colombia, Venezuela, Chile, Reino Unido, explicó la asambleísta Rodríguez, al dar a conocer que alrededor de 1´700 mil migrantes todavía están en el exterior, aproximadamente 70 mil migrantes han retornado a Ecuador y hay 60 mil refugiados en nuestro país.

Por otro lado, la parlamentaria María Soledad Vela indicó que la normativa actual no se ajusta a la realidad que viven los migrantes, emigrantes, retornados, refugiados, víctimas de trata y tráfico de personas, por ello el objetivo de acudir a territorio es crear una propuesta legal que se ajuste a la realidad actual de las personas en movilidad humana.

Adicionalmente, también se trataron inquietudes como el acceso al sistema financiero, por lo que solicitaron que el Estado promueva tratamientos especiales tributarios y se desarrollen programas integrales para la reinserción económica de los ecuatorianos retornados.

Con respecto a la seguridad social se planteó mecanismos de inclusión y facilidades de acceso para los retornados como afiliados voluntarios, con una aportación equivalente al 50% y que regirá por 5 años a partir de la fecha de afiliación del migrante retornado o hasta el inicio de su actividad laboral con relación de dependencia.

Además se planteó la creación del Consejo de Participación y Control Social de la Comunidad Migrante retornada, con facultades para vigilar la implementación, control y evaluación de las políticas públicas para este sector. (VCV/La Nación)