Dr. Jorge Alberto Norero Gonzaléz/Guayaquil.

 

 

Hay algo que quiero dejar absolutamente claro antes de entrar en este tema:

Apoyo plenamente la lucha del Estado ecuatoriano contra el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de personas y cualquier amenaza contra nuestra seguridad nacional.

No tengo ninguna duda de que nuestras Fuerzas Armadas deben tener todo el respaldo necesario para enfrentar a quienes pretenden apoderarse de nuestras costas, nuestras rutas marítimas y nuestro territorio.

Pero precisamente porque conozco, respeto y quiero a la Armada del Ecuador, me preocupa profundamente lo que está ocurriendo.

Y mi preocupación no es solamente operacional.

Es jurídica.

Es institucional.

Y puede convertirse mañana en una responsabilidad personal para quienes hoy tienen la conducción de las operaciones marítimas.

En los últimos días hemos conocido que fuerzas estadounidenses, en coordinación con el Gobierno ecuatoriano, interceptaron, abordaron y posteriormente destruyeron una embarcación ecuatoriana ubicada a unas 254 millas náuticas de Manta.

La explicación oficial señala que la embarcación era utilizada como una estación flotante de abastecimiento de combustible para organizaciones dedicadas al narcotráfico y que sus 15 ocupantes fueron retirados antes de hundir la nave.

Aceptemos por un momento que la información de inteligencia era correcta.

Aceptemos que efectivamente esa embarcación formaba parte de una estructura logística del narcotráfico.

Aceptemos incluso que existía fundamento suficiente para intervenirla.

Todavía quedan preguntas que el Estado ecuatoriano tiene que responder.

¿Quién recibió la información de inteligencia?

¿Quién verificó la identidad de la embarcación?

¿Quién determinó que estaba vinculada al narcotráfico?

¿Quién autorizó la operación?

¿Participó la Armada del Ecuador?

¿Participó la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos?

¿Quién estableció las reglas de enfrentamiento?

¿Quién decidió que después del abordaje y registro debía destruirse la embarcación?

¿Quién tenía la responsabilidad sobre los tripulantes?

¿Existe un informe completo de la operación?

¿Dónde se encuentran los 15 tripulantes?

¿Han rendido versión ante las autoridades ecuatorianas?

¿Se levantaron evidencias?

¿Se documentó el registro?

¿Se preservaron las comunicaciones?

¿Existe una cadena de custodia?

Y una pregunta todavía más importante:

¿Qué norma nacional, tratado internacional o acuerdo de cooperación permitió que una fuerza extranjera abordara y posteriormente destruyera una embarcación ecuatoriana en aguas internacionales?

Estas preguntas no son un ataque contra el Gobierno.

Tampoco son una defensa del narcotráfico.

Son preguntas de Estado.

Mi preocupación particular por la Armada

Durante años he tenido una relación de respeto y profundo afecto por la Armada del Ecuador.

Por eso precisamente me preocupa que, en algún momento, la responsabilidad por operaciones ejecutadas con información, inteligencia o participación extranjera termine recayendo sobre quienes aparecen formalmente como responsables de la autoridad marítima ecuatoriana.

Porque una cosa es combatir al narcotráfico.

Otra es permitir que, en nombre de esa lucha, se produzcan operaciones cuya cadena de responsabilidad no esté perfectamente documentada.

Si mañana un fiscal ecuatoriano, un juez, una comisión parlamentaria o un organismo internacional pregunta quién autorizó determinada operación, no será suficiente responder:

«Fue una operación conjunta con Estados Unidos.»

Una operación conjunta necesita responsabilidades conjuntas claramente establecidas.

Y si la operación fue ejecutada por fuerzas estadounidenses, pero coordinada con el Estado ecuatoriano, habrá que determinar exactamente qué hizo cada institución ecuatoriana.

No estoy diciendo que el Comandante de la Armada sea responsable de una desaparición.

No estoy diciendo que el Director de los Espacios Acuáticos haya ordenado destruir una embarcación.

Estoy diciendo algo mucho más elemental: si esas instituciones participaron en la autorización, coordinación, información o control de esas operaciones, algún día tendrán que demostrar documentalmente qué hicieron y bajo qué autoridad lo hicieron.

Y eso es precisamente lo que puede protegerlos.

Porque ya existen antecedentes que preocupan

El caso no puede analizarse aisladamente.

En Ecuador existen denuncias de pescadores sobre operaciones contra embarcaciones que ellos aseguran eran pesqueras, así como denuncias relacionadas con tripulantes heridos y personas desaparecidas.

Organizaciones internacionales de derechos humanos también han cuestionado la transparencia de la cooperación de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos y han solicitado explicaciones sobre algunos de estos episodios.

Las denuncias deberán investigarse.

No corresponde condenar anticipadamente a nadie.

Pero tampoco corresponde ignorarlas.

Porque cuando una embarcación desaparece, cuando existen personas que dicen haber sido interceptadas por fuerzas extranjeras o cuando una nave es destruida después de ser abordada, el Estado tiene la obligación de esclarecer los hechos.

La seguridad no puede funcionar sin trazabilidad

Una de las mayores fortalezas de una institución militar profesional es precisamente la existencia de una cadena de mando.

Alguien ordena.

Alguien ejecuta.

Alguien supervisa.

Alguien informa.

Y alguien responde.

Esa cadena debe existir también cuando la operación es internacional.

No podemos tener una situación en la que, frente al éxito de una operación, todos aparezcan para atribuirse el resultado, pero cuando surgen preguntas sobre una persona desaparecida, una embarcación destruida o un posible exceso en el uso de la fuerza, nadie sepa quién tenía la responsabilidad.

Eso sería profundamente injusto para la propia Armada.

Por eso pregunto antes de acusar

Quiero que el Gobierno explique.

Quiero que la Armada explique.

Quiero que la autoridad marítima explique.

Y quiero que la cooperación con Estados Unidos tenga reglas claras.

No necesitamos conocer información operacional que pueda poner en riesgo a nuestros militares.

Pero sí necesitamos conocer el marco jurídico y la cadena de responsabilidad.

Porque combatir al narcotráfico dentro del Estado de Derecho no es una debilidad.

Es nuestra mayor fortaleza.

La Armada del Ecuador no necesita que nadie le regale impunidad.

Necesita que nadie la coloque innecesariamente en una situación donde mañana tenga que responder por decisiones que quizás fueron tomadas por otros.

Y aquí está mi mayor preocupación:

Que por combatir correctamente al enemigo equivocado terminemos creando un problema jurídico para nuestros propios hombres.

Quienes hoy tienen el mando de la Armada y de los Espacios Acuáticos deben ser los primeros interesados en que cada operación quede documentada, cada orden tenga fundamento y cada persona que haya estado a bordo de una embarcación pueda ser localizada y puesta a disposición de la autoridad competente.

Porque mañana, cuando llegue la hora de rendir cuentas, no bastará decir que se estaba combatiendo al narcotráfico.

Habrá que demostrar que se lo hizo correctamente.

Con inteligencia.

Con firmeza.

Con fuerza cuando sea indispensable.

Pero también con la ley en la mano.

Porque la Armada del Ecuador merece ganar esta guerra contra el crimen sin que sus propios comandantes terminen sentados frente a un juez tratando de explicar decisiones que nunca les correspondieron.

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