El Congreso mexicano avanza a contrarreloj en la regulación de la publicidad oficial y lo hace mediante un proceso legislativo que las organizaciones civiles han tachado de “desaseado” y de “simulación”. El martes iniciaron en el Senado las audiencias públicas sobre una ley que debe emitirse antes del 30 de abril. La norma obedece a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obligó al Congreso a regular el gasto discrecional en propaganda del Gobierno, que supera los 2.000 millones de dólares desde 2013. Los colectivos convocados al debate acusaron falta de seriedad en el llamado a la audiencia, ya que se organizó con cinco días de anticipación y hubo personas convocadas que no fueron citadas y se enteraron de su participación en redes sociales.
El colectivo #MediosLibres, que agrupa a periodistas, medios de comunicación y a organizaciones civiles, académicas y empresariales, ha denunciado que los textos que preparan los partidos no garantizan el derecho a la libertad de prensa y no avanzan hacia la transparencia y la rendición de cuentas. La propuesta más preocupante es la presentada por el Partido Revolucionario institucional (PRI) y sus aliados, el Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (Panal). “Es una iniciativa preocupante porque lo que hace es convertir los lineamientos de publicidad que ya existen en propuesta de ley, lo cual significaría que estaríamos institucionalizando prácticas que no han servido para tener una mejor relación entre el sistema político y los medios de comunicación”, explica Haydeé Pérez Garrido, directora del centro de análisis Fundar. .
El fallo del Supremo, el 15 de noviembre de 2017, ordenó al Congreso expedir una ley que regulara el gasto en publicidad. La resolución del máximo órgano de justicia, calificada de histórica, se dio tras resolver un amparo que promovió Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión. El 10 de febrero de 2014 se promulgó la reforma constitucional en materia político-electoral que instruía al Congreso a legislar en la materia, pero esto nunca se hizo. Ante la omisión, la organización promovió un amparo para que se diera cumplimiento al mandato.
El Supremo destacó que la ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión. “La omisión de expedir la ley señalada viola la libertad de expresión, de prensa y de información. Este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes”, se expuso en un comunicado.
El colectivo #MediosLibres ha exigido al Congreso escuchar diferentes voces en las mesas de discusión. “No queremos que esto sea una simulación como ya lo hemos visto antes, donde llaman a audiencias, nos escuchan y al final elaboran y aprueban leyes sin tomar en cuenta los planteamientos que hace la sociedad civil”, dice Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia.
La experta en temas de derecho a la información dice que la audiencia de este martes fue una simulación porque el Congreso no ha llegado a un acuerdo sobre la metodología, los tiempos y los objetivos específicos en la elaboración del dictamen. Además, las iniciativas de ley que han revisado mantienen a la Secretaría de Gobernación (Interior) como la instancia que debe seguir teniendo el control del uso de la publicidad oficial. “Siempre ha sido un absurdo que la instancia de control político en México sea la que maneje el tema de publicidad oficial porque a lo largo de los años sólo ha demostrado un mal manejo y uso arbitrario de los recursos en este tema”, argumenta.
Haydeé Pérez, de Fundar, cree que el proceso legislativo es poco ordenado pues no brinda certeza a los interesados en participar y parece ser un intento de simulación más que un genuino interés en contrastar ideas con los ciudadanos. “Levanta la suspicacia de nuestra parte y nos hace pensar que están incluyendo las audiencias en el proceso como una mera formalidad para decir que hubo participación ciudadana pero sin establecer un diálogo real para configurar una ley que atienda de fondo la problemática de la publicidad oficial en el país”, afirma.
El colectivo, al que pertenece Pérez y Calleja, se ha pronunciado porque la ley impida los abusos que se han documentado en los últimos años, como el contenido propagandístico de la publicidad, la discrecionalidad y la discriminación en su asignación, la opacidad en la contratación y el ejercicio de los recursos, la ausencia de rendición de cuentas y la inequidad. La norma debe considerar sujetos obligados a quienes reciben recursos públicos asociados a la publicad oficial. “Se deberá contar con una lista nacional de servicios de publicidad oficial que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas en los servicios de contratación”, han exigido.
El contenido de la publicidad oficial debe ser informativo, útil y necesario y no debe promover la imagen de los funcionarios públicos como lo estipula la propia Constitución. Tampoco debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios, ha advertido #MediosLibres. Además la ley debe establecer las sanciones a las que serán acreedores los servidores públicos o usuarios de los recursos públicos que violen lo dispuesto en la normatividad. (EL PAÍS/LA NACIÓN)
