Méritos para ser fiscal general.
Por Jorge G. Alvear Macías /Guayaquil
Quien aspira a dirigir la Fiscalía General del Estado debe someterse a riguroso escrutinio. El cargo exige conocimientos, experiencia, independencia y probidad. Pero escrutar no significa convertir una impugnación en prueba de culpabilidad ni atribuir a alguien las responsabilidades de quienes fueron sus amigos. La Dra. Daniella Camacho encabeza la fase de méritos del concurso, con 48 puntos sobre 50. Acredita más de 30 años de ejercicio profesional y 25 de servicio público. Fue fiscal en distintas áreas penales, jefa nacional de Protección a Víctimas y Testigos, conjueza de lo Contencioso Administrativo y, desde 2018, jueza nacional de la Sala Penal.
Conocí un hecho que revela el costo de la independencia dentro de una institución jerarquizada. Durante la gestión de Washington Pesántez, la Dra. Camacho era fiscal de Delitos contra la Vida en Quito. Su resistencia a aceptar interferencias provocó su traslado desde Quito a Mejía y, después, a Cayambe y Pedro Moncayo, cantones de Pichincha.
Su tío me dijo que con aquellos traslados buscaban forzarla a renunciar; posteriormente, la Dra. Camacho me lo confirmó. Sin mudarse de Quito, debió recorrer hasta 150 kilómetros diarios. No cedió. Tras la renuncia de Pesántez, en julio de 2011, pudo regresar a Quito como fiscal de Violencia Sexual e Intrafamiliar y luego fue nombrada jefa nacional de Protección a Víctimas y Testigos.
En la Corte Nacional intervino en causas complejas: llamó a juicio a Rafael Correa en los casos Balda y Sobornos (antes Arroz Verde); formó parte del tribunal en Sinohydro; e integró el tribunal en el caso Secom, que por mayoría declaró inocente a un exfuncionario correísta. Ese contraste impide reducir su trayectoria a una etiqueta política.
Se cuestiona su amistad con personas que luego fueron procesadas y condenadas. El hecho merece transparencia, pero no permite transferirle responsabilidades ajenas. Ante posibles conflictos de interés, se excusó de conocer esas causas. Al apartarse protegió la imparcialidad y no evidenció falta de probidad: cumplió la ley.
Las impugnaciones deben resolverse con base en pruebas. Quien objetó a Camacho y a otros tres aspirantes no compareció a sustentar su acusación, por lo que el CPCCS la archivó. Ese desenlace debilitó la objeción por falta de sustento, no por la edad, el oficio ni la apariencia del objetor.
En la trayectoria de Camacho hay una semejanza con la de Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala. Aldana comenzó como conserje de un juzgado de familia; fue notificadora, secretaria y magistrada, presidió la Corte Suprema y llegó al Ministerio Público. Desde allí, con apoyo de la Cicig, encabezó una memorable lucha contra la corrupción y las redes criminales enquistadas en el Estado. No afirmo que dos historias desarrolladas en circunstancias diferentes sean idénticas. Destaco algo más sencillo: quien ha recorrido las distintas instancias de la justicia conoce sus fortalezas, debilidades y presiones.
La experiencia no es un accidente. La Dra. Camacho la forjó a ambos lados del escritorio, como fiscal y jueza. Su trayectoria permite reconocer sus méritos y probidad, y considerar lo que aportaría a la Fiscalía.