En total, 509 clínicas privadas en el país reciben desde el 2010, a los pacientes del IESS, por la falta de especialistas y la escasez de camas en los hospitales del IESS.

GUAYAQUIL. La advertencia que hiciera el Presidente de la República, Rafael Correa, de nacionalizar a las clínicas privadas que se opongan a la atención de un paciente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hizo reaccionar a varios representantes de los entes de salud privados.

En ese sentido el mandatario habló de la posibilidad de nacionalizar esas clínicas “porque la salud es un derecho y no una mercancía”, anotó.

Es medida es una opción del Gobierno para afrontar la crisis  del hospital Teodoro Maldonado Carbo, después que el Presidente de la Republica verificada a comienzo de la semana la situación de esta casa de salud, la misma que fue declarada en emergencia el 21 de enero, por ineficiencia, mal uso del sistema de derivación de pacientes y manejo de medicamentos.

Édgar Lama, director de la clínica Kennedy, que mantiene convenio con el IESS señaló que el hospital está trabajando en una capacidad del 90% todo el año.

En el 2014, el IESS destinó $ 625 millones para clínicas privadas por convenios, de esa cifra, solo en Guayas se invirtió $329 millones.

En el análisis que hace Roberto Gilbert, propietario de la Clínica Guayaquil, argumentó por qué algunas clínicas evitan dar atención a los afiliados. “Si alguna vez se ha negado camas es por dos razones: porque no tenían camas para el Seguro Social o porque estaban totalmente atrasados en los pagos por parte del IESS”.

Mientras que Estuardo Salgado, coordinador en jefe de cuidados intensivos de la Clínica La Merced, en entrevista para RTU, dijo que dicha casa de salud privada ha puesto a disposición todas las ventajas de sus instalaciones, y que les ha dado resultados satisfactorios.

Salgado señaló que esta asociación entre la clínica y el Estado a través del IESS ha sido muy positiva y ha permitido llevar importantes beneficios a pacientes de escasos recursos en muchas ocasiones, por lo que no prevé un fin del convenio, pues afirma que este tipo de decisiones se deben tomar en beneficio del paciente.

Aunque resaltó que la expropiación de clínicas privadas, debe ser una medida que se tome luego de un extenso diálogo con cada clínica en particular, “para poder llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes y sea en beneficio de los pacientes, de modo que se pueda encontrar una solución factible en cada caso”. (DO/La Nación)