ANTONIO AGUIRRE MEDINA / GUAYAQUIL
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Por fin, el Gobierno Nacional decidió combatir toda forma de delincuencia, incluida la participación de ecuatorianos en delitos relacionados con el narcoterrorismo multinacional que habría sembrado sus raíces en nuestro suelo patrio.

Ya no hay excusa válida que justifique la presencia en nuestro país de mercenarios foráneos que han establecido sus bases operacionales en nuestro territorio.

Toca ahora a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional aplicar todo el rigor de la ley para proteger a la sociedad civil, así como a los ciudadanos nacionales y extranjeros que habitamos en esta ex isla de paz, hoy convertida en un nido de delincuencia foránea que está destruyendo las esperanzas de un futuro sin miseria.

A quienes deben poner en el sitio que les corresponde es a los defensores de los derechos humanos que, poco bien le hacen al país cuando, según esta opinión, terminan defendiendo a los delincuentes.

Se están conociendo varios actos de corrupción en distintas instituciones del Estado, no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también en otras entidades del servicio público. Estos hechos generan dudas sobre la honorabilidad de algunos distinguidos posibles candidatos y candidatas para las futuras elecciones.

Moralizar el país debería ser la consigna de los ciudadanos que aspiran a dirigir las distintas instancias del servicio público.