Margaret Satterthwaite, relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados, expresó su preocupación por el asesinato de la magistrada Lady Gissela Pachar ocurrido el 11 de mayo de 2026.

La jueza fue atacada a tiros en Machala por sujetos en motocicleta mientras se desplazaba en su vehículo. El crimen generó conmoción y reavivó las alertas por la creciente violencia vinculada al crimen organizado y los riesgos que enfrentan jueces y fiscales.

Margaret Satterthwaite relató en un mensaje publicado en sus redes sociales que, incluso tuvo conocimiento, de acuerdo con información pública que había recibido amenazas con anterioridad.

“Los principios básicos sobre la Independencia de la Judicatura y la Observación General No. 36 del Comité de Derechos Humanos recuerdan que los Estados deben proteger frente a intimidaciones y amenazas previsibles, incluso provenientes de actores privados”, escribió la relatora Especial de la ONU en su mensaje.

Este caso, añadió, evidencia los graves riesgos que enfrentan quienes integran el sistema de justicia y la urgente necesidad de garantizar su independencia, seguridad y protección. “Mi mandato ya ha expresado con anterioridad su preocupación por las intimidaciones y el hostigamiento sufridos por jueces y juezas en Ecuador”, dijo.

Paralelamente, el Consejo de la Judicatura informó la tarde de este miércoles 13 de mayo de 2026, que aproximadamente a las 09:00, se registró un atentado con armas de fuego en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, mientras se desarrollaba una audiencia relacionada con una causa por el delito de extorsión.

De acuerdo con el reporte preliminar, no se registraron víctimas. La Unidad Especializada de Criminalística de la Policía Nacional se encuentra ejecutando las diligencias investigativas correspondientes y levantando los indicios balísticos hallados en el lugar.

Ante estos hechos y con el propósito de precautelar la integridad de jueces, servidores judiciales y usuarios del sistema de justicia, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, solicitó al gobernador de la provincia, Xavier Negrete, el fortalecimiento inmediato del resguardo policial en las inmediaciones del Complejo Judicial de Santa Elena y requirió una reunión urgente con autoridades de la Policía Nacional para coordinar acciones de seguridad institucional.

“El Consejo de la Judicatura rechaza categóricamente cualquier acto de violencia que pretenda amedrentar o interferir en la administración de justicia y ratifica su compromiso de garantizar la independencia judicial, el debido proceso y la seguridad de los operadores de justicia y de la ciudadanía”, dijo el CJ en un comunicado.

 

 

 

LA HORA