El narcotráfico cambia, se adapta y busca penetrar en los espacios que le interesa controlar. Postular candidatos propios del narcotráfico en procesos electorales de forma directa es una fase que no se ha dado en Ecuador y ese es el riesgo a evitar, advierte Luis Verdesoto Custode.

El día del sufragio general por las elecciones seccionales será el 29 de noviembre de 2026, tras el ajuste que hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Del 18 de junio al 2 de julio es el periodo para que las organizaciones políticas que participarán en las elecciones realicen sus procesos de democracia interna (elección de precandidaturas).

Verdesoto es PhD en Ciencias Sociales, académico y analista político. Se desempeñó como vocal del CNE entre 2019 y 2021; y fue titular de la Secretaría de la Política Pública Anticorrupción entre mayo de 2022 y enero de 2023.

En diálogo con LA HORA, Verdesoto explica los riesgos para la democracia por el narcotráfico y los caminos que se pueden seguir para poner barreras.

P. ¿Este 2026 se está configurando como el año más riesgoso para la democracia en el país?
Ecuador vive un riesgo creciente de penetración del narcotráfico en el sistema político desde la transición del correísmo hasta ahora. Todo esto depende del vigor con el que el narcotráfico plantee un rol para Ecuador en sus operaciones de traslado ilegal de cocaína, de oro y de otros minerales. Y ese rol está ligado a los puertos y a la utilización de las costas. Eso es muy importante para el caso de la democracia.

Un primer paso que se vio en el informe que hice sobre el narcotráfico y elecciones cuando estaba en el CNE fue que el narcotráfico había contaminado las rutas principales y algunas secundarias para el traslado de cocaína. Y había contaminado a los gobiernos locales a partir de, no directamente de hombres del narcotráfico, sino de hombres y mujeres que estaban dispuestos a prestar legitimidad a las actividades del narcotráfico.

El segundo paso que hizo el narcotráfico fue que, al contaminar las rutas, se comenzó a pagar a una especie de guardia pretoriana (guardia de élite) del narcotráfico y no en dinero, sino en especies, lo que dio lugar a todo un comercio del narcotráfico y de disputa por esos espacios.

Ahora tenemos que preguntarnos si el narcotráfico ha decidido dar un tercer paso y si eso está ligado al intento de tener representantes más orgánicos dentro de los gobiernos locales. Si están buscando una mayor cooptación de los gobiernos locales. La presencia del narcotráfico incluso se ha hecho endogámica en algunas localidades. Es decir, hijos e hijas de narcotraficantes se casan con hijos e hijas de notables de un pueblo.

P. Si el narcotráfico da ese tercer paso, ¿se podrá frenar esas intenciones en las elecciones?
Hay que exigir al CNE que cumpla con el Código de la Democracia que contempla la presencia de una oficina independiente, autónoma y fortalecida de la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) dentro del CNE, que procese los posibles vínculos que tengan los candidatos con el narcotráfico o con la corrupción, como el lavado de dinero.

Esto es posible con los instrumentos técnicos que tiene la UAFE actualmente para procesar posibles vínculos y proporcionar pistas e indicios para que el Gobierno nacional y el CNE procesen qué es lo que está ocurriendo respecto de estos candidatos y mucho más cuando algunos de ellos sean electos. Esto es una obligación ineludible que el CNE ha evadido sistemáticamente, haciendo un favor indirecto al narcotráfico.

Creo que el narcotráfico va a pasar a esta etapa de cooptar más sólidamente a los organismos locales: municipalidades, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales para controlar de modo más orgánico el territorio. Y en esto es central que el CNE haga lo que tiene que hacer: controlar a los candidatos. (Añade que otro momento de mayor control debe ser el periodo de la campaña electoral, del 12 al 26 de noviembre de 2026).

P. ¿Cómo pueden las organizaciones políticas evitar o limitar que personas con un pasado criminal entren en sus filas como candidatos y luego como autoridades?
El filtro mayor es la reputación. Los partidos políticos no pueden arriesgar su reputación por tener candidatos ligados al narcotráfico. Esto implica el papel de la sociedad civil para hacer un filtro independiente para saber quiénes son los candidatos que perfilan en los partidos y ayudarlos a que no pongan en juego su reputación.

La UAFE tiene un dispositivo informático que permite vincular al menos 20 variables de ligazón con el narcotráfico o con el lavado de activos. Esto puede generar indicios que los candidatos tienen que justificar. Y el CNE, al margen de esa ociosidad, puede hacer una condicionalidad de inscripción. Las inscripciones definitivas tienen que estar ligadas a la desaparición de cualquier indicio de narcotráfico y eso el CNE tiene que hacerlo sin cobardía, sin clientelismo, sin entregarse al narcotráfico.

La reputación de los candidatos y la de los partidos está en el mayor control que pueda haber.

P. ¿Cómo dar una mínima garantía de transparencia en las elecciones con un calendario modificado?
Para evitar romper la autonomía de los partidos políticos, la mejor garantía es que los mismos militantes de los partidos, las mismas directivas, la misma ciudadanía, los adherentes de los partidos hagan acciones de control sobre los candidatos. Es decir, la mejor fórmula que existe para el control de la corrupción es la denuncia interna de las organizaciones.

P. ¿Qué otros mecanismos o métodos anticorrupción se puedan aplicar para filtrar perfiles dudosos?
La primera fórmula es tener el tiempo suficiente para que con los diversos instrumentos de opinión pública se puedan conocer a los candidatos.

Se necesita de tiempo para que haya suficiente conocimiento, la suficiente denuncia pública y para la suficiente presión para que los tribunales electorales provinciales puedan actuar. Es el primer daño que nos hizo el CNE, el acortar este período (de campaña electoral), fue casi como censurar deliberadamente este período.

Existen experiencias muy importantes en Argentina, como acumular datos sobre los candidatos. En Ecuador, algo se hizo, algunas organizaciones no gubernamentales lo hicieron. Es decir, difundir links sobre quiénes son los candidatos. Es más difícil, pero los organismos empresariales podrían ayudar a estas organizaciones no gubernamentales para que hagan esto. Por lo menos que apoyen a que haya un mejor flujo de información. El daño que hizo el CNE ya es irreparable.

P. ¿Qué puede ocurrir si llegan a cargos públicos perfiles vinculados al narcotráfico en esta elección?
Hay que diferenciar dos cosas: las elecciones nacionales y las elecciones subnacionales (seccionales). En las elecciones nacionales ha habido dos flujos diferentes. Un caso histórico en América Latina ha sido el de Pablo Escobar (cabecilla del Cartel de Medellín) en Colombia, que ponía candidatos de su grupo político infiltrados en distintas organizaciones. Incluso generó su propia organización (política).

En el caso ecuatoriano no tenemos indicios claros de que ellos (narcotraficantes) hayan generado directamente una organización. Pero sí tenemos indicios claros de que fracciones de una organización política ha estado ligada con el narcotráfico. Hay que diferenciar entre organizaciones que son generadas y dependen del narcotráfico; y las organizaciones que tienen alojadas en su interior a grupos relacionados con el narcotráfico orgánicamente.

Por ejemplo, está en curso la investigación sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, que está ligado a grupos al interior de un partido político, que podrían estar directamente y orgánicamente vinculados con el asesinato y con el narcotráfico. Esta es una primera posibilidad.

Y luego existe una segunda posibilidad en las elecciones subnacionales. La segunda posibilidad que ya se dio en Ecuador es sobre políticos que se ofrecen al narcotráfico, amparados por el CNE. Por ejemplo, un partido que transitó de local a partido nacional y que, según las declaraciones que están en la Fiscalía, se ve que se ofrecían al narcotráfico como agentes mediadores de conflictos especialmente en el norte de Manabí. (Verdesoto se refiere al movimiento AMIGO, iniciado por Daniel Mendoza, quien fue condenado por corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales, en 2023 salió de prisión).

Esto puede volver a ocurrir, pero ahora en lo local. Las hijas y los hijos de quienes tienen vínculos con los grupos transnacionales del crimen organizado podrían entrar directamente a ejercer un puesto público y manejar la distribución de recursos públicos. Habría una cooptación del Estado subnacional, este está en juego en las elecciones.

P. ¿Hay algún otro camino político para frenar la penetración del narco en las elecciones?
Si hay algo claro en el mundo es que la mejor fórmula para controlar el narcotráfico es tener buenas instituciones subnacionales que permitan tener un control a mediano plazo del narcotráfico. Y esto es importantísimo en Ecuador actualmente. Van a tratar de penetrar a las instituciones, hay tratar de disputar esos espacios que el narcotráfico intentará tomar.

Hay que asegurar grandes coaliciones territoriales, locales, que impida la presencia o la contaminación del narcotráfico en los lugares con menor intensidad de actividades ilegales. Coaliciones que desde la política local logren suficiente fortaleza para luchar contra la presencia territorial del narcotráfico.

El tema aquí no es ganar votos o prestigio gubernamental, sino ser eficiente en evitar la presencia del narcotráfico a partir de estas coaliciones locales.

 

 

LA HORA