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Lucha por manejar la Contraloría

La Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) compiten para llegar a la máxima Institución de control de las finanzas públicas.

 La Contraloría General del Estado es la presea que actualmente se disputan la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Por un lado, el Consejo está trabajando sin descanso por designar al nuevo Contralor mientras la nueva mayoría de oposición quiere dar efecto al juicio político que podría destituir a cuatro de los siete miembros de ese mismo Consejo.

La peleada institución controla el manejo del dinero público e investiga el mal uso de estos recursos por parte de todo funcionario. Por glosas como las que ha emitido la Contraloría servidores públicos como Jorge Glas y Rafael Correa han sido acusados de corrupción.

 Los avances del Cpccs

Esta carrera por nombrar al nuevo Contralor la puso en evidencia el asambleísta Salvador Quishpe durante la sesión del Pleno 772, en la que 81 asambleístas armaron la comisión evaluadora que decidirá el destino de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe LLori.

Quishpe insistió en que el interés de la nueva mayoría de oposición, encabezada por la alianza PSC y correísmo, es “destituir a los vocales del Consejo de Participación, para volver a tomarse las instituciones”.

El 27 de abril de 2022, mientras la bancada oficialista daba ruedas de prensa, acusando de ilegal la conformación de la comisión evaluadora, a 1,5 kilómetros de distancia, en el edificio del Cpccs, el equipo técnico encargado del proceso de selección del nuevo Contraloraprobaba el informe de revisión de expedientes de los postulantes a la comisión ciudadana que revisará las carpetas de los candidatos para esa función.

Nelson Silva, coordinador de este grupo técnico reconoció que el último mes trabajaron rápido y lograron 10 reuniones técnicas. Esta ‘eficiencia’ contrasta con lo ocurrido en tres años de funcionamiento del organismo de control, que no pudo elegir a un nuevo Contralor oficial. Ahora, en menos de dos meses, el proceso está avanzando a una velocidad impresionante.

La vicepresidenta del Cpccs, María Fernanda Rivadeneira, confirmó, a LA HORA que en cinco meses máximo el Ecuador tendrá un nuevo Contralor. “Si es que no nos destituyen antes”, aclaró.

Cinco meses es el tiempo de esta carrera ‘a muerte’ por ver qué institución llega primero a la Contraloría, que por el momento la dirige el subrogante del subrogante y cuyos últimos dos Contralores están envueltos en casos de corrupción.

Las movidas del correísmo

En la Asamblea Nacional existen dos solicitudes de juicios políticos a los Consejeros: La primera contra María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán. El 9 de febrero de 2022 ellos destituyeron a Sofía Almeida de la presidencia del Cpccs, acusándola de bloquear el acceso de información importante, suspender sesiones y no avanzar en los procesos de designación de funciones de autoridades, como por ejemplo el de la Contraloría.

También cuestionaron a la expresidenta por la cercanía con el PSC al ser su tío, Luis Almeida, miembro de ese partido político.

El segundo juicio político ingresado fue contra los siete miembros del Consejo de Participación.

El 17 de febrero de 2022 hubo una pugna en el CAL por el orden de los juicios políticos ya que habían ingresado varios a la vez: contra el Contralor subrogante, Carlos Riofrio, contra el Procurador y contra los cuatro consejeros del Cpccs solicitados por UNES. Además de otros juicios contra miembros del Consejo Nacional Electoral y contra los siete miembros del Consejo de Participación.

Virgilio Saquicela (independiente), Ronny Aleaga (UNES) y Darwin Pereira ( del ala rebelde de Pachakutik) insistieron en que primero sea calificado el juicio político a los cuatro Consejeros, pero Llori no dio paso y se respetó el orden de ingreso de las causas.

En ese momento, el asambleísta Fernando Villavicencio acusó a UNES, PSC y los rebeldes de Pachakutik de tramar una “trilogía desestabilizadora” para remover las autoridades de control “orquestada por (el expresidente) Rafael Correa”.

El juicio al Contralor fue archivado. Luego tocaba el turno del juicio contra el Procurador General del Estado. UNES promovió y luego pidió retirar este juicio y “agilizar” el trámite de los procesos de denuncia contra el Cpccs. No lo logró.

Nueva arremetida

Luego de las movidas correístas, en la Asamblea Nacional se dejó de hablar de juicios políticos y comenzó la arremetida contra Guadalupe Llori.

Rafael Lucero, jefe de bancada de Pachakutik, dijo que no se oponía a la evaluación de su coidearia, pero manifestó que se debió seguir el debido proceso. “Por andar apurados” están haciendo todo mal y de manera ilegal, dijo refiriéndose a los asambleístas que votaron por la conformación de la comisión evaluadora.

Para Gabriela Alvear, abogada, directora de Democracia, Género y co-fundadora de la organización ciudadana Diálogo Diverso, lo que sucede en la Asamblea sugiere que hay “poderes mafiosos y partidistas” que quieren tomarse el poder Legislativo para luego ir por el Cpccs y dividirse las instituciones que se regulan desde ese Consejo.

El 28 de abril se inició la primera sesión de la comisión multipartidista en la que se escogió al presidente y vicepresidente para prender el cronómetro que les da 35 días para enviar el informe al Pleno sobre la destitución de Llori.

En esta primera reunión, los cinco asambleístas trabajaron sin que una amenaza de bomba los intimidara. El PSC ganó la presidencia y Unes la vicepresidencia.

Para el abogado y analista político Pedro Donoso, hay tres posibles escenarios: que destituyan a Llori, que destituyan a todo el CAL o que destituyan al CAL y a las presidencias de las demás comisiones.

Si esto se da, la nueva mayoría opositora podría tomar la Presidencia de la Asamblea y, por número de representación, también tendría importante presencia en el CAL que agilizaría el juicio político contra los cuatro miembros del Cpccs.

De acuerdo con el artículo 81 de la la Ley Orgánica de la Función Legislativa, desde la calificación del Juicio Político hasta su resolución, el trámite podría durar hasta alrededor de tres meses. 

Si a esto se le suman los 35 días (plazo máximo) que tardarían en destituir a Llori, significa que, la estrategia de la que algunos analistas y asambleístas acusan al correísmo, de querer tomarse el Cpccs, podría tomar casi cinco meses, el tiempo en el que esta institución espera designar al nuevo Contralor General del Estado.

La carrera a la par de la comisión de la verdad

Rafael Lucero, jefe de la bancada de Pachakutik, aceptó que se reunió en México con el expresidente Rafael Correa, quien le dijo que su intención es lograr una “alianza progresista” en la Asamblea Nacional, que apoye una comisión de la verdad, para que analice los juicios y las sentencias que tienen varios miembros del correísmo por corrupción.

De acuerdo con el constitucionalista Ismael Quintana, los informes que salgan de esta posible comisión no serían “jurídicamente vinculantes”, aunque podría aumentar el discurso de llamar a los correístas sentenciados como “perseguidos”.

Las pruebas contundentes con las que se les ha acusado y sentenciado reposan en la Contraloría General del Estado, donde existen documentos que, de acuerdo con Fiscalía, han probado que hubo coimas y cobros indebidos que llevaron a declararlos culpables a personajes políticos como Rafael Correa y Jorge Glas.