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Los procesos de juzgamiento tienen más celeridad

Según la ministra Zúñiga, estas cifras demuestran que el trabajo interinstitucional y la políticas públicas enfocadas en fortalecer la seguridad jurídica y ciudadana.

QUITO.  La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, informó que durante 2015 se evacuaron cerca de 100.000 boletas electrónicas de encarcelamiento y excarcelación. “Anteriormente hacer efectiva una boleta, específicamente de libertad, tomaba hasta 72 horas, en este sentido y gracias al trabajo coordinado de las distintas instituciones, hemos reducido este tiempo a cuatro horas”, detalló en el marco de la Mesa de Justicia desarrollada ayer.

Sobre las caducidades de la prisión preventiva, Zúñiga señaló que en 2015 se registraron siete casos a diferencia de 2008, cuando hubo más de 2.000. Respecto a las audiencias fallidas, mencionó, el 96% de procesos convocados logran realizarse en el primer llamamiento.

Durante su intervención, la secretaria de Estado se refirió a las audiencias por videoconferencia. “En el 2015 se efectuaron más de 6.000 audiencias virtuales con un ahorro al Estado de más de 1.6 millones de dólares”. Asimismo informó del estado procesal de la población penitenciaria. “Cerca del 70% de personas privadas de libertad (PPL) cuentan con una sentencia”.

Por su parte, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, destacó el trabajo de las Unidades de Flagrancia, donde se atendieron 79.399 casos. Precisó que ninguna persona aprehendida en el país se queda sin fórmula de juicio, dentro de las 24 horas tras su detención. “No hay detenciones arbitrarias”, enfatizó Jalkh, al tiempo de atribuir la disminución de la carga procesal de los tribunales penales a la aplicación del juicio directo, en delitos flagrantes, cuyos delitos tienen una sanción menor a cinco años. “Gracias a la aplicación del juicio directo disminuyó en un 40% la carga procesal, lo que significa un ahorro de más de siete millones de dólares para el país”, señaló.

Según la ministra Zúñiga, “estas cifras demuestran que el trabajo interinstitucional y la políticas públicas enfocadas en fortalecer la seguridad jurídica y ciudadana aportan a la permanente lucha contra la impunidad”. (El Ciudadano/La Nación)