Opinión

LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MSc. Brenda Mendoza Pimentel/Guayaquil.
FORO AGROPECUARIO ECUATORIANO

 

 

Muchos de los problemas que se presentan en distintas localidades, tanto en áreas urbanas como en sectores rurales, pudieron evitarse si los GAD hubieran cumplido sus responsabilidades a tiempo y con mayor compromiso. El ordenamiento territorial no es solo un requisito burocrático; es la hoja de ruta estratégica que define si un municipio avanza hacia el desarrollo o se encamina al caos.

En un país con una geografía tan diversa y vulnerable como el Ecuador, contar con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) es una herramienta indispensable para garantizar que el crecimiento urbano sea sostenible, seguro y equitativo.

La principal ventaja de un PDyOT bien ejecutado es la optimización de recursos. Permite a las alcaldías identificar dónde es técnica y financieramente viable construir infraestructura, evitando que los servicios básicos —agua potable, alcantarillado y electricidad— se dispersen de manera ineficiente. Además, fomenta la protección de zonas agrícolas y ecosistemas frágiles, vitales para la soberanía alimentaria y la resiliencia climática del país. Un municipio ordenado también atrae inversión, pues ofrece seguridad jurídica sobre el uso del suelo.

Debemos tener claro que la ausencia de este plan condena a la ciudadanía a la informalidad y al riesgo. Las desventajas de no contar con un PDyOT son críticas, ya que la improvisación genera consecuencias adversas.

Desde hace años se han consolidado asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo. Sin regulación adecuada, la población se establece en laderas inestables o en cauces de ríos, incrementando la vulnerabilidad ante desastres naturales. En muchos casos, las autoridades de turno omiten actuar con firmeza, mientras estos sectores se convierten en espacios de interés político en épocas electorales, pese a las condiciones precarias en las que viven sus habitantes.

Por otro lado, la falta de planificación genera conflictos en el uso del suelo. La ausencia de reglas claras permite que industrias potencialmente contaminantes operen junto a zonas residenciales, afectando la salud pública y la calidad de vida.

Asimismo, se produce fragmentación social, dando lugar a ciudades segregadas, donde el acceso a parques, equipamiento urbano y servicios públicos depende del nivel socioeconómico de la población.

En conclusión, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) constituye un verdadero contrato social entre el territorio y sus habitantes. Sin él, el municipio solo reacciona ante los problemas; con él, los previene y construye futuro.