Actualidad

Los asambleístas de Pastaza y Santa Elena quieren detalles de las cárceles anunciadas en sus provincias

Desde el día en que el presidente de la República, Daniel Noboa, el 4 de enero pasado, anunció la construcción de dos cárceles de alta seguridad en Pastaza y Santa Elena, y que a la siguiente semana se colocaría la primera piedra, los asambleístas pidieron información y hasta el momento no reciben respuesta del lugar, costo y permisos ambientales respectivos.

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado esa vez se reunió en Guayaquil y tras ese encuentro la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dijo que están alistando los detalles de la colocación de la primera piedra de las cárceles de máxima seguridad que ha anunciado el primer mandatario. Lo único que se hizo a la siguiente semana, el 11 de enero, fue mostrar los diseños y señalar que es parte del Plan Fénix.

Lo asambleístas de Pastaza, Jaime Guevara (Unidos por Pastaza) y Fausto Fernández (movimiento Semilla), así como el representante de Santa Elena, Otto Vera (PSC), no tienen certezas sobre el sitio y tampoco cuentan con información sobre la construcción de las megacárceles.

El representante de Pastaza, Jaime Guevara, quien en la Asamblea Nacional actúa en el sector de independientes, considera que frente a la crisis de inseguridad la solución no está en poner más cárceles, sino controlar las que ya tiene el Ecuador, y reclamó porque a los asambleístas no se ha informado absolutamente nada.

Guevara solicitó información a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, a los municipios de Mera, Santa Clara, Arajuno y Pastaza, a la Subsecretaría de Tierras, al Ministerio del Ambiente y a la Policía Nacional, sobre el lugar donde será la construcción, el terreno y los permisos ambientales respectivos, pero no se ha indicado absolutamente nada y no hay acceso a la información, reclama.

El legislador de Unidos por Pastaza pidió documentación de nueve cosas:
  1. Estudio de prefactibilidad del centro de rehabilitación social que se piensa construir.
  2. Permisos ambientales para la construcción.
  3. Permiso de construcción y uso de suelo del municipio donde se va a construir.
  4. Certificado de propiedad del terreno en donde se construiría el centro de rehabilitación social.
  5. Conocer si el área consta de servicios básicos establecidos.
  6. Capacidad del nuevo centro de Rehabilitación Social y el nivel de seguridad.
  7. Plan de contingencia para el nuevo centro de rehabilitación social y el incremento de efectivos para apoyo a la seguridad externa de este centro carcelario.
  8. Costo financiero de la construcción y su respectivo equipamiento.
  9. Creación del reglamento para la contratación del personal, conforme la ley orgánica para la planificación integral de la circunscripción territorial especial amazónica.

Al especular sobre el sitio de la construcción de la cárcel en Pastaza y sobre lo que habla la gente en la provincia, dice Guevara, todo apunta que la nueva cárcel se pretende construir en el cantón Mera, parroquia Shell y el sector Moravía, aunque no existe información oficial.

En dicho sector el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Pastaza tenía 20 hectáreas de terreno, pero cuando erupcionó el volcán Tungurahua en el 2010, los ciudadanos de Penipe iban a ser evacuados a esos terrenos, pero nunca se utilizaron. Hoy están en un proceso de reversión, pero esa acción administrativa nadie quiere firmar y para ello esperan la llegada de una nueva directora.

Las siete nacionalidades indígenas de la provincia de reunieron con la Confeniae y emitieron un comunicado que se oponen a la presencia de una cárcel de alta seguridad en la zona, y también los dirigentes de la junta parroquial de Shell.

Guevara dice que como legislador ha interpuesto las acciones precautelatorias ante la Defensoría del Pueblo, donde se señala que se han vulnerado derechos, y cuestiona que el Gobierno anuncia la colocación de la primera piedra. “Pero le están mintiendo al presidente de la República, porque todo el sector público para contratar sea cualquier GAD o el Ejecutivo debe tener por principio todos los estudios, incluidos los ambientales, y eso no existe. Tampoco se ha socializado ese proyecto con la comunidad”, anota.

El representante de Pastaza aclara que está apoyando al presidente de la República. Pero “dejarnos una cárcel alterará la paz, y quedarán los males de lo peor que puede tener el país, estarán los amigos, compinches y panas del crimen organizado”, dice.

El asambleísta también de Pastaza, Fausto Fernández, por el movimiento local Semilla y que hoy actúa en el bloque de Gobierno, señala que tomó por sorpresa el anuncio del presidente de la República sobre la construcción de la cárcel de máxima seguridad, porque nunca se entregó información preliminar o se consultó con la población.

Fuente: Radio Huancavilca