Jorge Gallardo Moscoso/Guayaquil

Inadmisible que una declaración política, como tantas que diariamente se dejan leer o escuchar, con calibre y alcance diferentes, provoque una reacción gubernamental desmesurada, inapropiada y desafortunada.

Al amparo del tan invocado régimen democrático, ninguna opinión que no reúna todas las condiciones que configuren un indiscutible delito, merece censura, persecución judicial, amenazas, descalificación humana.Que se afirme o insinúe ruptura institucional, de que se ha plantado una cripto, proto o dictadura, en nada afecta al gobernante si existe la certeza de que su ejercicio se desenvuelve bajo el marco constitucional. Si el objetivo es aclarar a la población sobre dicha aseveración, suficiente será anotar que se trata de una burda mentira, de una típica difamación política y del objetivo de ganar notoriedad sobre la base de una afirmación que es imposible probar. Podría inclusive responderse con absoluto silencio e indiferencia, con lo cual la acusación no se amplificará, perderá fuerza y desaparecerá. Contestar belicosa y violentamente conseguirá, fundamentalmente, que los medios de comunicación (convencionales y digitales), tengan “escándalo” asegurado por un buen tiempo.

Un país con problemas gravísimos sin resolver, distraído en peleas comunes y de poquísima monta avanza derecho al despeñadero, propósito que domina en la cabeza y en los hechos de todos quienes trabajan incesantemente por el fracaso gubernamental. Que los políticos, los que no lo son y los medios digan lo que les de la gana no tiene por qué paralizar las acciones contra el delito en todas sus formas, la ejecución de la obra pública, la buena administración de la red nacional de salud pública, la explotación efectiva del petróleo y la minería, la eficacia de los acuerdos internacionales, el adelgazamiento del aparato burocrático, la garantía en la dotación del servicio eléctrico, la preparación real para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño y otros naturales, entre otras.

Las demostraciones de respeto a la libertad de expresión y la tolerancia plena a la opinión contraria, son vitales para un buen gobierno, para un gran país cuya población quiere que sus condiciones de vida, en todos los órdenes, mejoren; que está ausente de los dimes y diretes de los políticos que, como bien se sabe, con pocas excepciones, ponen siempre sus intereses particulares por encima de los del pueblos.