Por Jonathan Bock

Jonathan Bock es periodista y director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia.

En la noche del 6 de diciembre, la coalición de gobierno en la Cámara de Representantes de Colombia aprobó con 73 votos el artículo 68 del Proyecto de Ley Anticorrupción. En este, se dispone la creación de un nuevo delito: la injuria o calumnia contra funcionarios. Además, establece como sanción la cancelación de la personería jurídica de organizaciones comunitarias que injurien o calumnien a funcionarios e incluso exfuncionarios públicos, convirtiéndola en la norma más regresiva en materia de libertad de expresión que se haya aprobado en décadas en el país.

La democracia colombiana ha sido y es un orangután que viste sacoleva. Por un lado, la bestia que ha reprimido violenta y políticamente a la población civil. Por otro, el esmoquin, la apariencia de una democracia formal y competitiva. Sin embargo, son cada vez más claros los esfuerzos que hace el orangután para quedar desnudo, como por ejemplo recortar las libertades de la prensa.

En medio del debate, algunos congresistas expresaron sin ambigüedades lo que piensan del periodismo. Cesar Lorduy, del partido político Cambio Radical, y uno de los principales defensores del artículo, habló de cómo el periodismo puede afectar a los familiares de los servidores públicos, además de hacer hincapié en que, hoy en día, los medios de comunicación no son únicamente los tradicionales. Su colega Edward Rodríguez, del Centro Democrático —el partido de gobierno—, advirtió que hay periodistas que “desafortunadamente utilizan los micrófonos para generar calumnias, y ojalá este Congreso entienda que ya va siendo hora de ponerles tatequieto”.

Los mensajes de los congresistas asustan aún más que las sanciones contempladas en el artículo. Activamente pretenden consolidar una suerte de inmunidad de los gobernantes, construyendo mecanismos de censura con el claro propósito de eximir al Estado y a sus funcionarios de la crítica y veeduría ciudadana.

Mientras este artículo fue aprobado a galope, otro proyecto avanza en cámara lenta. Uno que, por el contrario, pretende darles herramientas a los periodistas para poder defenderse del acoso judicial, es decir de las denuncias penales o de las demandas civiles que hay en su contra y que en los últimos años han aumentado de manera significativa. Uno de los senadores que ha criticado esta propuesta y que votó en contra es el senador Gustavo Petro, el favorito según las encuestas para convertirse en el próximo presidente del país. El candidato ha dicho en esos debates que algunos medios manipulan y difunden noticias falsas, que la prensa es el poder, que él ha sido víctima de la prensa, y que la mayor parte de los medios de comunicación de los hombres más ricos de Colombia han querido destruirlo.

Asustar con asfixiar a la prensa ya no es un boogeyman que genere mayores inconvenientes ante la opinión pública. El discurso de poner límites a periodistas resulta cada vez más reiterativo y está presente en las distintas instituciones del estado.

El 1 de diciembre el fiscal general, Francisco Barbosa, afirmó en un evento que “cada día que hay críticas contra la Fiscalía General de la Nación, siempre hay que encontrar detrás de esas críticas algún delincuente parapetado”. Pocos días después, la Fiscalía ordenó la inspección judicial al noticiero independiente Noticias Uno para que los periodistas le entregaran información que había publicado hace ocho años. Un exabrupto que va en contra de la protección de la fuente y cuyo objetivo no es otro que el de intimidar al medio.

La idea de que la información es el enemigo es el mismo propósito que el Ministro de Defensa, Diego Molano, quiso imponer cuando lanzó una campaña para combatir la desinformación y poder realizar acciones —que todavía continúan— de ciberpatrullaje para poder identificar noticias falsas. Campaña que después de varios meses se pudo establecer que había empezado con la simulación de un falso ataque a las páginas de las entidades de la Fuerza Pública.

Por su parte, el presidente Iván Duque ha asistido a estos hechos como si se tratara de un espectador enigmático. Ante el escándalo por el artículo aprobado en el Congreso, su respuesta se hizo clara solamente después de la ola de reacciones indignadas. En la tarde del viernes 10 de diciembre, en su cuenta de Twitter le pidió al Congreso “retirar el artículo que representa una amenaza a la libertad de prensa. De no encontrarse solución, objetaré ese artículo”.

Esa sensación de hablar de una manera y actuar de otra también quedó en evidencia hace dos meses, después de que se conociera la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la periodista Jineth Bedoya, donde se reconoció la responsabilidad del Estado en los delitos cometidos hace 21 años contra ella. A pesar de que ese mismo día el presidente dijo en Twitter que implementaría la decisión a cabalidad, nadie del gobierno se ha comunicado con la periodista Bedoya, y no se han dado los primeros pasos para acatar el fallo.

En los últimos meses, han sido varios los intentos por convertir al periodismo en una piñata ideológica, lo cual está siendo música para los oídos de algunos. Esto preocupa especialmente de cara a las elecciones al Congreso y a la presidencia que se realizarán en el primer semestre de 2022. Este clima ataca al periodismo independiente y desincentiva el pluralismo de voces. Pero, sobre todo, supone generar zozobra para que los y las periodistas que buscan que el poder le rinda cuentas a la ciudadanía deban censurarse a sí mismos para así poder publicar sus historias.