Opinión

LAS OBSESIONES CONTRA LA JEP

Tal como lo insinuó en campaña, el presidente Iván Duque objetó por inconveniencia seis de los 159 artículos que componen el cuerpo normativo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En uso de sus atribuciones constitucionales, el jefe de Estado presentó objeciones, porque, según él, no existe aún claridad sobre la obligación que tienen los victimarios de reparar integralmente a las víctimas (Art.7); porque no se precisan las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar (Art. 79); porque limita la competencia del Alto Comisionado de Paz en la verificación de los listados entregados por las Farc (Art.63); porque plantea la renuncia de la acción penal frente a crímenes de lesa humanidad (Art. 19); porque los magistrados de la JEP no pueden decretar pruebas para verificar si procede el delito que es objeto de extradición (Art. 150); y porque las condiciones de extradición de otras personas (militares, agentes del Estado y terceros civiles) relacionadas con el conflicto no tienen términos fijos (Art.153).

La objeción procede, según el Gobierno, porque dichos artículos pueden abrir la puerta a situaciones de impunidad o de abusos a los beneficios contemplados dentro de la ley estatutaria. Sin embargo, algunos partidos de oposición, los cuales ya hicieron uso a su derecho de réplica, aseguraron que los reparos presentados por el Ejecutivo no corresponden a objeciones por inconveniencia sino por inconstitucionalidad; un tema que reabre de manera innecesaria una discusión jurídica que ya fue superada a través de los fallos emitidos por la Corte.

Un ejemplo que demuestra que las objeciones tienen que ver más con las sentencias que con la misma ley estatutaria podría ser el artículo 19, que indica que no se puede renunciar al ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos no amnistiables.

La crítica del presidente plantea la renuncia en relación con quienes no son máximos responsables. Sin embargo, la Corte establece la garantía de concentrarse en los máximos responsables, ya que al aceptar la tesis de la objeción podría haber impunidad de facto en el sentido de que si se investiga caso por caso nunca se llegaría a un fin, ya que no hay aparato judicial que pueda procesar alrededor de 10 millones de delitos.

En efecto, la decisión de objetar sobre una materia que ya fue regulada conduce a la desobediencia de la ley y pone en riesgo el Estado de Derecho en Colombia.

Por ANDRÉS DUQUE GUTIÉRREZ/Colombia