MÉXICO. Mordida, soborno, ayuda o coima. Uno de los vicios más arraigados en México tiene diversos nombres, pero no existen suficientes estudios que ayuden a cuantificar el daño que hace esta mala práctica a la economía local. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un reputado organismo del Gobierno mexicano, ha presentado esta semana los resultados de su primera encuesta realizada a empresas y comercios para conocer el impacto que tiene el marco regulatorio gubernamental en ellas. Los resultados arrojaron, entre otras cosas, que las unidades económicas gastaron unos 1.600 millones de pesos (88 millones de dólares) en 2016 para agilizar trámites o evitar multas y sanciones.
En promedio, cada empresa tuvo que desembolsar 12.243 pesos (672 dólares) en actos de corrupción el año pasado. Esta cifra supera casi ocho veces el salario mínimo mensual que perciben siete millones de trabajadores en México. La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental (Encrige) consultó a 34.681, desde pequeños comercios a grandes empresas de todos los sectores, de servicios a la minería. Cada una de ellas realizó un promedio de 19.5 trámites ante oficinas de los tres niveles de gobierno.
Los micro y pequeños empresarios se perciben como los más afectados por la tramitología que entorpece las oficinas de gobierno para pagos o solicitudes de servicios. Sin embargo, la encuesta refleja que las víctimas por los actos de corrupción crecen según el tamaño de las empresas o el éxito de la industria. En el ámbito nacional, el Inegi calcula que el sector micro, que representa el 95% del total de empresas en México creando el 40% del total de empleos en el país, registra una tasa de 534 víctimas por cada 10.000 unidades de negocio. Este tipo de empresas emplea a menos de diez personas y según cálculos del Gobierno genera ganancias de cuatro millones de pesos anuales. La encuesta revela que estas empresas se vieron obligadas a desembolsar unos 9.000 pesos (494 dólares) en actos de corrupción en 2016.
Este esfuerzo económico aumenta sucesivamente hasta alcanzar las 1.317 víctimas por cada 10.000 unidades económicas cuando se habla de grandes compañías. Las grandes empresas gastaron en promedio 48.000 pesos (2.600 dólares) el año pasado en actos de corrupción. La industria es el sector más afectado comparado al comercio y servicios, pues alcanza una tasa de 755 víctimas por cada 10.000 unidades económicas.
Esta es una práctica generalizada en todo el país, según revela el Inegi. El 82% de las empresas consultadas cree que son frecuentes los actos de corrupción. Los comerciantes de Tabasco, Veracruz y Ciudad de México son los que percibieron actos de corrupción “frecuentes” y “muy frecuentes” en sus entidades. Por el contrario, los empresarios de Colima y Nayarit son los que menos la perciben, pues su sensación (62%) está muy por debajo de la media. Diez de 32 Estados, sin embargo, están por encima del promedio nacional: Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Estado de México y la capital del país.
La Encrige fue realizada a lo largo de noviembre y la primera quincena de diciembre del año pasado en comercios y empresas de los sectores, minería, electricidad, suministro de agua y gas, construcción, manufacturas y servicios. La encuesta muestra que la corrupción es un asunto cotidiano. Únicamente el 13% de los encuestados vinculó los sobornos a licitaciones o a ganar contratos gubernamentales. La mayoría, en cambio, dijo que las mordidas se dan para agilizar trámites del gobierno (64%) o evitar multas o sanciones (39%). Otro 30% relacionó los sobornos a la obtención de licencias o permisos y para evitar las clausuras de los establecimientos.
La encuesta revela también que las empresas pagaron en 2016 más de 115.000 millones de pesos en pagar regulaciones. Esto representa un 0,56% del PIB nacional. El promedio de cargas administrativas erogadas por las empresas fue de 48.871 pesos (2.680 dólares). A pesar de esto, el 20% de los empresarios considera que las normas, trámites, solicitudes e inspecciones a sus establecimientos representan un obstáculo para sus negocios. El diagnóstico está hecho, falta la solución para uno de los males más antiguos en México. (EL PAÍS/LA NACIÓN)
