El Fiscal General hizo un llamado para que este tema no se politice. Y recalcó en los hechos del caso; en el que murieron ocho personas y cuatro están desaparecidas.

Los testimonios desgarradores fueron tan contundentes que ni los abogados de los procesados tuvieron preguntas. Incluso el juez Wilson Merino tuvo que dar un receso de cinco minutos en el cuarto día de la audiencia de juzgamiento del caso ‘Las Dolores’.

Dolores Vélez Párraga, la testigo 30 en intervenir en el juicio y viuda de Carlos Andrade Almeida, relató ante el estrado el drama que vivió el 19 de noviembre del 2003. Ese día, su esposo salió a comprar pañales para su hija, de tres meses y 18 días, y murió de 11 disparos durante un operativo policial en la farmacia Fybeca, de la ciudadela La Alborada, en Guayaquil.

Con la firmeza que le ha dado la lucha de 11 años por saber qué pasó con su esposo, Dolores Vélez narró que el guardia del conjunto habitacional donde vivían le alertó sobre una balacera en el vecindario. Como presintiendo lo peor, ella salió a buscar a su esposo y al llegar a la farmacia vio cómo subían los cuerpos a una camioneta. El quinto era su esposo.

Relató que a partir de allí empezó un verdadero calvario en su búsqueda porque se haga justicia por la muerte de su esposo. “Más de 11 tiros en un cuerpo, hubo maldad y ensañamiento”.

Siguió con su testimonio y dijo que “la gente gritaba, me decía vaya a la Fiscalía a poner la denuncia. Denuncié, pero nunca abrieron una indagación. Nos decían que nos vayamos a la casa a cuidar a nuestro hijos”.

Por eso, en el inicio de su intervención agradeció por estar por primera vez relatando lo que ese día sucedió ante un Tribunal.

Solo al final de su testimonio, su voz se quebró al recordar que tuvo que ser padre y madre para su hija, mantenerla a veces a costa de deudas. Pero siempre firme, porque su objetivo fue alcanzar justicia e incluso eso le fuerza hasta ser abogada.

Un drama parecido vivió Dolores Briones al relatar su testimonio ante el Tribunal. Su esposo, Gime Córdova Encalada, era el mensajero de la farmacia y ese día falleció. Tenía un tiro en la nuca.

Ella y su hijo, de dos años, esperaban que Gime regresara del turno de trabajo a eso de las 07:00 del 19 de noviembre. Pero una hora y media después, salieron a buscarlo en la farmacia. Hasta que al ver las gráficas captadas por un fotógrafo, ella confirmó la sospecha de que su esposo estaba entre los ejecutados en el operativo. Era el cadáver número 6.

“Cómo pueden decir que hay una veintena de niños, hijos de los policías (procesados en este caso), que sufren y que acá solo son tres. Nuestros hijos no verán a sus padres nunca más, pero ellos verán a sus padres en la cárcel o no. Nuestros hijos no disfrutarán de sus padres nunca, han marcado sus almas, tan pequeños, tan indefensos”, continuó el testimonio de Dolores Briones.

Al igual que Dolores Vélez, ella confirmó la indiferencia de las autoridades de justicia de ese entonces.  “En la Corte de Justicia nos tiraban la puerta en la cara cuando reclamábamos nuestros derechos, el derecho a la vida”.

Vélez y Briones están bajo el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado.

Hasta las 10:30 de este día, intervinieron 33 testigos en el juicio ‘Las Dolores’, que se sigue en contra de 11 personas (otros siete están prófugos) por asesinato, bajo la modalidad de ejecución extrajudicial, constitutiva en una grave violación a los derechos humanos.

También hubo tiempo para que el Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, se refiriera a las declaraciones del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, sobre las denuncias de dos policías detenidos en el caso Las Dolores, que dicen que fueron presionados para involucrar a Nebot en el proceso.

Nebot citó las denuncias que presentaron en marzo pasado Héctor Adolfo Fruto Márquez  y Douglas Augusto Yépez Mouro, dos de los 11 policías procesados por el presunto delito de ejecución extrajudicial, en las que detallan que dos oficiales, el teniente coronel C. T. A. y el capitán M. D. B., y el cabo L. G. B. M. acudieron en diciembre de 2013 hasta los sitios donde permanecían detenidos para “negociar” su libertad y absolución del caso a cambio de involucrar a Nebot.

Sobre éste comentario el fiscal Chiriboga, en rueda de prensa, señaló que la declaración de Nebot merece el “repudio”, pues sostuvo que la libertad de un procesado solo se puede resolver en la Corte y no como hace alusión el burgomaestre de Guayaquil.

El Fiscal agregó que “en el evento de que esta situación fuera cierta, tendría que discutirse en una audiencia pública y contradictoria”.

Chiriboga remarcó que este caso es sumamente grave para las víctimas y actores involucrados por lo que pidió que siga el proceso de forma normal, ya que el tema podría ser politizado. “Mi mensaje de que este caso corre el riesgo de que se pueda politizar lo hago a todos, incluido al alcalde Nebot”, manifestó Chiriboga.