Por: Yovana Cárdenas Lino
Desde Lima, Perú, para La Nación de Guayaquil, Ecuador.

 

Hay una frase que suele aparecer cuando el poder comienza a sentirse incómodo: “la soledad del poder”. Se utiliza para describir ese momento en el que quien ocupa una posición de autoridad percibe que las personas a su alrededor ya no son las mismas, que las lealtades se vuelven frágiles y que cada decisión puede significar un nuevo distanciamiento.

Es cierto: el poder puede ser solitario. Quien toma decisiones enfrenta presiones, críticas, intereses contrapuestos y, muchas veces, debe asumir responsabilidades que otros prefieren evitar. Pero una cosa es experimentar esa sensación y otra muy distinta es convertirla en una explicación automática para cualquier dificultad.

Porque cuando el sentimiento de soledad no está acompañado de hechos, puede convertirse en un desliz.

La política, como el ejercicio de cualquier responsabilidad pública, no puede sostenerse únicamente sobre percepciones. Las decisiones tienen consecuencias y necesitan argumentos, evidencias y resultados. Decir “estoy solo” puede expresar una emoción legítima, pero no necesariamente explica por qué una decisión fue cuestionada o por qué se perdió respaldo.

El riesgo aparece cuando la percepción reemplaza a la realidad.

Y aquí aparece una cuestión todavía más profunda: el sentido ético del poder. Solo quien comprende el valor del amor al prójimo —entendido no como un sentimiento romántico, sino como la voluntad de buscar y hacer el bien— puede asumir que sus decisiones deben estar orientadas al bienestar de todos y no únicamente al beneficio propio, de su grupo o de su partido.

Un hombre que ama se preocupa por cumplir con las virtudes porque entiende que sus actos afectan a los demás. En cambio, cuando falta ese sentido del bien común, incluso la defensa de los derechos puede terminar convertida en una herramienta de conveniencia: reclamo mis derechos cuando me favorecen, pero olvido los derechos de los demás cuando estos interfieren con mis intereses.

No se puede reclamar justicia para uno mismo a costa de la justicia de los otros.

Sin amor, entendido como compromiso con el bien, la justicia corre el riesgo de transformarse en venganza; y el ejercicio del poder, en explotación. Cuando el interés particular se impone sobre la dignidad colectiva, las normas dejan de ser instrumentos para ordenar la convivencia y pueden convertirse en mecanismos para proteger privilegios.

Por eso, una sociedad democrática no se construye únicamente con leyes. Las normas deberían expresar valores que primero deben encontrar un lugar en la conciencia de las personas: respeto, responsabilidad, solidaridad, justicia y búsqueda del bien común.

Los seres humanos encontramos en nuestra propia conciencia principios que deberían traducirse en comportamientos y, finalmente, en normas capaces de ordenar nuestras relaciones con los demás. La ley puede establecer límites, pero difícilmente podrá reemplazar la convicción interior de que nuestras acciones tienen consecuencias sobre otros.

Esto también vale para quienes ejercen el poder.
Sentirse solo en el poder puede llevar a interpretar toda crítica como una conspiración, todo desacuerdo como una traición y toda advertencia como una falta de lealtad. Y ahí comienza un peligroso círculo: el gobernante se encierra, escucha cada vez menos voces distintas y termina rodeándose únicamente de quienes confirman aquello que quiere escuchar.

Quien gobierna debe aprender a distinguir entre la oposición y la enemistad, entre la crítica y el ataque, entre la discrepancia y la traición. No toda persona que cuestiona una decisión busca debilitar a quien la tomó. A veces, precisamente, la crítica es una oportunidad para corregir antes de que el error sea mayor.