Opinión

La salud en México se sigue privatizando, aunque el gobierno no quiera verlo

El martes pasado Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, se lanzó de nuevo en contra de la medicina privada en México y despreció la importancia que tiene en la atención a la salud.

López-Gatell acusó a los consultorios adyacentes a farmacias (CAF) de “ser un engaño”, proporcionar mal servicio, ser antiéticos y hasta de promover “el abuso de antibióticos, de esteroides, que causaron muchas complicaciones o incluso la muerte de personas” en los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19. El funcionario ya había lanzado ataques previos contra la medicina privada, cuando decidió que las y los médicos particulares no debían vacunarse contra COVID-19.

Estas declaraciones se dan en medio de una escasez de medicamentos, falta de personal en los hospitales por condiciones de inseguridad, malas condiciones laborales y poca inversión en la infraestructura de los quirófanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también ha hecho eco de estas críticas, a la par que ha repetido que el país tendrá un sistema de salud “como el de Noruega o Dinamarca”. Su promesa más importante es la de acceso a la salud universal y, sobre todo, gratuito. Este es el punto en el que no solamente ha fallado, sino que está sucediendo completamente lo contrario: en la práctica, el sistema de salud se privatiza cada vez más.

La evidencia más reciente surgió a principios de este mes con la publicación de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición sobre COVID-19, la cual muestra que siete de cada 10 pacientes en México acuden a tratarse en la medicina privada, aun siendo derechohabientes de las instituciones de salud estatales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es decir, aunque los pacientes tienen derecho a acceder a estos servicios médicos sin costo, prefieren acudir a la medicina privada. De estos, 18% recurre a un CAF.

Este contexto es especialmente delicado en el país con el mayor porcentaje de gasto de bolsillo —aquel que realizan las familias en salud— de entre los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Peor aún si se toma en cuenta que los trabajadores en México pagan una cuota mensual obligatoria e irrenunciable por los servicios del IMSS. Es decir, al final estos mexicanos pagan dos veces: una al IMSS y otra a un médico particular.

Los CAF surgieron en México durante la primera década de este siglo, inicialmente como una forma de impulsar la prescripción de medicamentos genéricos “similares”, en una época en la que las condiciones regulatorias hacían que se dudara sobre la calidad de estos medicamentos. Posterior a la pandemia de influenza H1N1, la tortuosa legislación sanitaria hizo que se solicitará una prescripción por escrito para poder surtir antibióticos y antivirales en las farmacias. Fue así como muchos más pacientes acudieron a los CAF y esta modalidad de atención médica floreció.

En 2020 se calculaba que existían más de 17,000 de estos consultorios, que atendían a más de seis millones de pacientes al año, con un precio por consulta que rondaba los 25 pesos mexicanos en promedio (1.20 dólares).

El fenómeno de los CAF no es exclusivo de México. En Estados Unidos, prácticamente todas las grandes cadenas de farmacias cuentan con servicios de atención de primer nivel y se estima que este negocio podría valer 8,000 millones de dólares para 2028.

Es claro que en México, la instalación y operación de los CAF es mucho más rudimentaria que la de sus contrapartes en Estados Unidos. Las instalaciones son más chicas, el equipamiento más básico y, sobre todo, la remuneración para sus médicos es verdaderamente baja. Estas son algunas de las razones por las que los CAF han sido criticados por funcionarios como López-Gatell.

De acuerdo a comentarios que he recibido de mis colegas en diversos sondeos y a algunos estudios, hay una opinión entre los médicos de que estos consultorios son una suerte de “mal necesario”, ya que otorgan una atención que evidentemente el gobierno ha sido incapaz de ofrecer. Los CAF están regulados: para operar legalmente deben contar con una licencia sanitaria expedida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y todos los y las médicas que allí trabajan cuentan con una cédula profesional.

En la discusión se está perdiendo de vista lo más importante: la opinión de los pacientes. El que un número tan elevado de consultas de primer nivel se dé en los CAF antes que en las instituciones estatales es reflejo de algo que el gobierno nunca ha querido tomar en cuenta: la conveniencia de quienes padecen enfermedades.

Pensemos en una madre de familia que tiene a sus hijos resfriados o con fiebre, una pareja de ancianos que necesitan vigilar su presión arterial o una secretaria que sufre de diarrea y se le dificulta acudir a su trabajo. Muy pocos quieren acudir a un centro de salud lejano a su domicilio, donde deben esperar más de una hora para obtener una cita, la atención es fría, impersonal y al final, el enorme desabasto de medicamentos en el sector público probablemente los haga regresar a su casa con las manos vacías.

Las reformas al sistema de salud impulsadas por esta administración han fallado; nos guste o no, la atención médica se está privatizando en México. Tal vez es tiempo de dejar de nadar contra la corriente y que las autoridades busquen aliados con los que logren ofrecer un mejor servicio a quienes más importan: los pacientes.

 

 

The Washington Post