Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil.

 

 

«Quien quiere hacer el ángel, hace la bestia.» La sentencia de Blaise Pascal constituye una advertencia permanente para quienes ejercen el poder. No hay democracia sólida cuando un gobernante llega a convencerse de que su voluntad coincide siempre con el interés nacional o de que toda discrepancia representa una amenaza al Estado.

El poder democrático encuentra su legitimidad en el respeto a la Constitución, en la independencia de las funciones del Estado y en la confianza de los ciudadanos de que la ley será aplicada con el mismo rigor para todos, sin distinción de afinidades políticas, económicas o ideológicas.

En el Ecuador actual, el debate público refleja una creciente preocupación por la relación entre la política y la administración de justicia. Más allá de la responsabilidad individual que pueda establecerse en cada proceso judicial, resulta indispensable que toda actuación del sistema de justicia preserve no solo la legalidad, sino también la apariencia de imparcialidad. La confianza ciudadana depende tanto de que se haga justicia como de que la sociedad perciba que esta se administra sin presiones externas.

La prisión preventiva constituye una medida cautelar excepcional. Su finalidad no es anticipar una condena, sino asegurar la comparecencia del procesado, impedir la obstrucción de la investigación o evitar riesgos concretos para el proceso, conforme a los principios del debido proceso y la presunción de inocencia. Siempre que existan medidas menos gravosas capaces de cumplir esos fines, corresponde a los jueces valorarlas dentro del marco jurídico aplicable y con base en los elementos del caso concreto.

Cuando dirigentes políticos de oposición son sometidos a procesos penales durante períodos electorales, resulta natural que se produzca un intenso escrutinio público sobre la independencia de las instituciones. Esa circunstancia exige que fiscales y jueces actúen con el máximo rigor jurídico, absoluta transparencia y motivaciones suficientemente fundamentadas para evitar que las decisiones sean interpretadas como instrumentos de confrontación política.

Del mismo modo, la credibilidad institucional exige que cualquier investigación sobre presuntos actos de corrupción alcance a todos los funcionarios respecto de quienes existan indicios suficientes, independientemente de su cargo o cercanía con el Gobierno. La igualdad ante la ley constituye uno de los pilares esenciales del Estado de derecho.

La estabilidad democrática no depende únicamente de la fortaleza del Gobierno. También requiere una oposición que ejerza sus derechos dentro del marco constitucional, instituciones independientes y una ciudadanía convencida de que las reglas del juego son iguales para todos.

A estos desafíos institucionales se suman preocupaciones de carácter económico y social. El incremento del costo de la vida, las presiones inflacionarias, el aumento de tarifas en distintos servicios y la persistente percepción de inseguridad afectan directamente la vida cotidiana de millones de ecuatorianos. Cuando estas tensiones coinciden con un ambiente de alta polarización política, el riesgo de conflictividad social aumenta y demanda respuestas prudentes, oportunas y dialogadas.

La historia demuestra que los gobiernos no suelen debilitarse únicamente por la fuerza de sus adversarios. Muchas veces se debilitan porque dejan de escuchar. El aislamiento político, la confianza excesiva en un círculo reducido de colaboradores y la ausencia de autocrítica pueden conducir a decisiones desconectadas de la realidad que vive la población.

Gobernar implica ejercer autoridad, pero también saber rectificar. La prudencia no es una muestra de debilidad; constituye una de las más altas virtudes del liderazgo. Escuchar las críticas, fortalecer la independencia institucional, garantizar el debido proceso y promover el diálogo democrático no significan renunciar al combate contra la corrupción ni contra el crimen organizado. Significan, precisamente, fortalecer la legitimidad con la que ese combate debe desarrollarse.

Ecuador necesita instituciones fuertes, justicia independiente y gobernantes conscientes de que el poder es siempre transitorio, mientras que la República permanece. La grandeza de un estadista no consiste en vencer a sus adversarios, sino en dejar un país más unido, más justo y más libre que el que recibió.

La advertencia de Pascal conserva hoy plena vigencia: cuando el poder pierde la humildad y deja de reconocer sus propios límites, el mayor riesgo no es para quien gobierna, sino para toda la Nación. La paz, la libertad y la democracia solo pueden sostenerse cuando la ley protege por igual a gobernantes y gobernados.

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