Opinión

La propuesta de Alberto F.

 

Tras la onerosa encuesta PASO queda claro que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, es quien tiene la mayor probabilidad de resultar Presidente de la Nación. Cabe entonces analizar brevemente, a los fines de esta columna, la igualmente breve plataforma electoral del kirchnerismo en materia de seguridad; lo que impone dos consideraciones previas:

1) Siendo que la eliminación del IVA en alimentos básicos del Presidente Mauricio Macri, ha sido criticada por Alberto Fernández pese a ser el punto 2 de su propuesta de Desarrollo Social, queda en evidencia que lo escrito en la plataforma no necesariamente será sostenido. Así nos recuerda esa contradicción de Fernández, por si la frágil memoria lo olvida, que no abunda la coherencia en la política argentina; lo que Groucho Marx decía en broma acá es en serio: «Estos son mis principios, si no les gustan tengo otros».

2) Luego está la obscena marcada de cancha que desde Venezuela le hizo el títere de la dictadura castrista Diosdado Cabello, advirtiéndole «que no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él», lo cual impone un condicionamiento ideológico de injerencia extranjera a su probable gobernabilidad. Lejos de la rapidez con que airadamente contestó a dichos del Presidente del Brasil Jair Bolsonaro, Fernández se ha sumergido en un silencio preocupante y ya cobarde en relación al venezolano. Y peor aún que el silencio de Alberto Fernández es la pasividad de la ciudadanía, o lo que sea que tengamos en el país haciendo las veces de tal, que no le reclama contestar.

EN LA MATERIA

Habiendo señalado estas cuestiones previas, y recordando que conceptualmente la Seguridad Interior consiste en garantizar el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional, veamos lo que supone en la materia una eventual presidencia de Alberto Fernández.

La primera preocupación del Frente de Todos es afirmar que «el gobierno de la Alianza Cambiemos ha convertido a la seguridad pública en un campo de batalla política contra la oposición». Sin obviar lo mucho que puede y debe criticarse al oficialismo en la gestión de Patricia Bullrich, no hay manera racional de sostener semejante afirmación; pero entenderla es crucial para desmenuzar que la propuesta de seguridad del kirchnerismo es la renovación de su viejo relato a partir de la victimización de sus dirigentes políticos condenados o procesados por actos de corrupción.

La impunidad para los que durante doce años lucraron en el proceso de instaurar un régimen totalitario de corrupción estructural, diametralmente opuesto a la Constitución Nacional, define la propuesta como un retorno al pasado, a esa inseguridad planificada de la última década infame en la que sucesivamente se empeñaron personajes funestos como Aníbal Fernández, Nilda Garré, Arturo Puricelli y María Cecilia Rodríguez, la eclipsada por el afán figurativo de Sergio Berni.

La intención de volver a estigmatizar a las fuerzas policiales y de seguridad como represoras queda en evidencia al aseverar que «los gestos autoritarios del actual Gobierno convalidan el gatillo fácil y el punitivismo irracional de las fuerzas de seguridad». Particularmente grave resulta que el kirchnerismo, que llevó al quiebre de la disciplina a la Gendarmería y Prefectura bajo el odio de Garré, anticipe que se enfocará en atender reclamos de «agentes de las fuerzas frente a abusos de sus superiores en instituciones fuertemente jerárquicas»; algo que no califica ni remotamente como prioritario y anticipa la intención de provocar conflictividad interna en las fuerzas.

Antepone el kirchnerismo su retorcida interpretación de los derechos humanos a la supremacía de la Constitución Nacional, por lo que apunta más a imponer perspectivas de género que a sostener la lógica funcional de las instituciones, reeducando a las mismas para «promover la defensa de los derechos humanos, sociales y laborales de los y las policías, en particular, de las mujeres policías».

BIEN CHATA

La propuesta en seguridad que acompaña a Alberto Fernández es bien chata, repetir lo mismo que exhibió el kirchnerismo en las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, lo que básicamente fue retraer a las fuerzas del enfrentamiento con el delito y obligarlas a la pasividad. Al contexto, borrar los aciertos del macrismo y acentuar sus fracasos.

En tal sentido, la reestructuración que se propone del Ministerio de Seguridad es puramente gatopardista. Bajo excusa de asentar «una política de seguridad pública ciudadana, democrática y protectora de los derechos humanos», la parálisis inicial de todo el sistema dará lugar a otra forma de burocracia ineficiente. Y puede anticiparse que será ineficiente porque en ningún lugar de la plataforma del Frente para Todos se contempla el rol de la Inteligencia de Estado ni de la Inteligencia Criminal. De hecho la palabra inteligencia no aparece allí mencionada ni una sola vez. Y no es casualidad.

Ni la trayectoria de Alberto Fernández, ni la historia del kirchnerismo, ni la plataforma del Frente para Todos, ofrecen garantía alguna que en caso de ganar las elecciones se respete el estilo de vida propuesto por la Constitución Nacional.

Muy por la contraria, hay una banda de delincuentes que espera su impunidad y reivindicación. Por añadidura el conjunto de los criminales intuye que vienen cuatro años de bonanza delictiva, con plena expansión del crimen en todas sus variantes.

Tanto lo intuyen, que en las cárceles la fórmula Fernández al cuadrado cosechó el 75% de los votos. Y quizá, justificando a Diosdado Cabello, sepan esos presos que no votan por Alberto, sino por Cristina Fernández; alias la jefa.